El congresista Waldemar Cerrón, quien actualmente está investigado por presunta organización criminal en el caso Los Dinámicos del Centro junto a su hermano, el prófugo secretario general del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, presentó un proyecto de ley N°8913/2024-CR de reforma constitucional que facultaría a los congresistas a requerir "informes documentados" a los organismos del sistema de justicia, obligando a jueces y fiscales a enviar datos importante sobre procesos judiciales en trámite, con un tope máximo de 10 días hábiles para dar respuesta.
“Cualquier senador o diputado puede pedir información documentada a cualquier entidad pública o privada, incluidos los procesos judiciales que se desarrollan en cualquiera de las instancias procesales hasta la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional; en similar acto las actuaciones del Ministerio Público y las investigaciones reservadas en la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento, que fue presentado el 13 de septiembre.
El texto, suscrito también por los parlamentarios Flavio Cruz Mamani, María Agüero, Américo Gonza, Isaac Mita y Kelly Portalatino, todos de la bancada de Perú Libre, modificaría los artículos 96 y 154 de la Constitución con la supuesta finalidad de "fortalecer, garantizar el sistema de justicia en el país y fortalecer la función legislativa". Según el portal del Congreso, aún no ha sido derivado a una comisión ordinaria en específico.
El proyecto contempla que si una entidad de la administración de justicia se niega en reiteradas ocasiones a compartir la información de determinado proceso u omite el pedido de los legisladores, incurrirá en “falta muy grave”. El pedido se haría por escrito y "de acuerdo con el reglamento de cada cámara", ya sea de senadores o diputados.
Cerrón, en su iniciativa, también indica que "las informaciones que afectan la intimidad personal o las protegidas por ley, deben ser gestionadas con la reserva que demanda la ley, a menos que afecten el interés público".
En la exposición de motivos, el parlamentario señala que este cambio normativo agrega al Congreso una función "fundamental para el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. Al fiscalizar (solicitar información) al Poder Judicial o al Ministerio Publico, el Congreso contribuye a evitar la concentración de poder y el abuso del mismo, promoviendo un gobierno responsable, transparente y sobre todo con la finalidad fortalecer la seguridad jurídica en el país, y de esa forma recuperar la imagen alicaída en la administración de justicia en el país".
Actualmente, el artículo 96 de la Constitución del Perú señala que los parlamentarios pueden pedir "los informes que estimen necesarios" únicamente a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al Contralor General de la República, al Banco Central de Reserva (BCRP), a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales, "y a las instituciones que señala la ley".
TAMBIÉN SOBRE LA JNJ
Del mismo modo, el proyecto de ley de Cerrón busca cambiar el artículo 154 de la Constitución, referente a las funciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Allí se lee que los miembros de este ente ratificarán con voto público y motivado a los jueces y fiscales del país. El agregado estaría en indicar que esta labor la cumplirán "previo examen" y cada tres años.
Además, la JNJ se encarga de ejecutar junto con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los magistrados de todos los niveles del país. El legislador propone que este trabajo se realice cada año y medio.
Dentro del apartado de fundamentos que sustentan la iniciativa, Waldemar Cerrón refiere que "es importante tener en cuenta que, estas exigencias, es precisamente porque la labor de un juez o un fiscal es tan relevante e importante para la sociedad. Sobre todo, si consideramos que, si de darse el caso un juez es quien determina tu libertad, sobre tu propiedad, sobre tus derechos, obligaciones, limitaciones etc., en esa medida es importante que el Estado fije como política de gobierno y Estado que, la justicia debe ser sólida en el país a través de jueces probos y preparados".
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