La desarticulación de Los Dinámicos del Centro, la red criminal que traficaba con brevetes en Junín, puesto al descubierto por Perú21, puede complicar aún más a Perú Libre, cuyos miembros eran parte, según la fiscal Bonnie Bautista, de actos delictivos desde la Dirección de Transportes y Comunicaciones de esa región.
La captura del último martes de Marina Vásquez, jefa de personal de la mencionada dirección y fundadora del partido político de Vladimir Cerrón, puede dar un nuevo giro a la investigación.
Según fuentes del Ministerio Público, Vásquez coordinó con las autoridades su entrega, que se concretó en la ciudad de Tarma, donde se mantenía oculta tras la orden judicial que disponía su captura y la de otras 37 personas.
De acuerdo con las fuentes, la funcionaria prefirió entregarse ante las “amenazas de muerte” que recibía de gente de la organización política a la que pertenece.
En otras palabras, se sentía más segura arrestada que en la clandestinidad. Ayer, Vásquez pasó por Medicina Legal para los exámenes de ley antes de ser recluida en una celda.
El Ministerio Público informó que la fiscal Bautista pidió prisión preventiva por 36 meses para 20 de los investigados. Entre ellos figuran Arturo Cárdenas, mano derecha de Cerrón, y Eduardo Bendezú, otro peso pesado de Perú Libre. Ambos permanecen no habidos.
Sin ser funcionario, Cárdenas se comunicaba con Marina Vásquez para decidir qué personal se contrataba. En las llamadas telefónicas interceptadas legalmente por la Fiscalía, difundidas por este diario, se le escuchaba a este último ordenar la contratación de personas del partido o afines a la red criminal.
Para las 18 personas restantes, Bautista pedirá comparecencia con restricciones. Las fuentes indicaron que esta es parte de la nueva estrategia ahora que seis de los implicados han decidido acogerse a la colaboración eficaz.
La investigación se inició en 2019, año en el que Vladimir Cerrón dejó el cargo de gobernador regional de Junín al ser condenado por corrupción. Pero su partido continúa administrando la región ahora bajo el mando de Fernando Orihuela.
Ayer, el abogado Wider Herrera interpuso un hábeas corpus ante el Poder Judicial en favor de siete de los sindicados de integrar la organización criminal buscando revertir la medida.
Herrera explicó, ante Noticiosa TV de Huancayo, que la fiscal Bautista no cumplió con los plazos otorgados por la jueza July Baldeón y que por ello la ejecución de la detención preliminar no es legal.
“La Corte Suprema ya ha establecido que la detención preliminar por el delito de organización criminal tiene un plazo máximo de diez días; la jueza incurrió en error al otorgar 15 días de detención”, argumentó.