(GEC)
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La fiscal anticorrupción de Junín, Bonnie Bautista, incluyó al dueño de Perú Libre, , como investigado en el caso Los Dinámicos del Centro, y le imputa los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

La decisión fue adoptada a pedido de la procuradora anticorrupción Nora Flores. No obstante, Bautista considera evidencias propias de la investigación para sustentar que Cerrón sería el “colaborador principal” de la organización criminal.

De acuerdo a la disposición fiscal, a la que accedió Perú21, el exgobernador regional conocía de las actividades ilícitas que se realizaban al interior de la Dirección Regional de Transportes, donde esta red operó entregando irregularmente brevetes a cambio de dinero. Parte de estos fondos ingresaron a la campaña presidencial de Pedro Castillo, según la investigación.

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Incluso se cita el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, identificado con número 04-2021, quien asegura que Cerrón tenían influencia en la red delictiva.

“En junio de 2019, Vladimir Cerrón solicitó se apoye en la emisión de licencia de conducir a la fiscal Sharon Romaní Aquino, quien pese a no acercarse a dar sus exámenes se le aprobó, llevándose a su centro de trabajo el examen escrito para que ella firme y ponga su huella en el examen logrando obtener su licencia de conducir”, se lee en el documento.

Romaní pertenece a la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo y, además, es competente para investigar casos de lavado de activos, delito por el que la exautoridad regional vienen respondiendo a la justicia.

La fiscal Bautista ha citado a declarar a Cerrón Rojas, quien cumple una condena por corrupción, para el 26 de agosto.

Los Dinámicos del Centro, según la hipótesis fiscal, fue integrada por dirigentes de Perú Libre y habrían direccionado la contratación de personal en el gobierno regional de Junín para, posteriormente, cobrarles cupos y de esa manera financiar las actividades proselitistas del partido.

Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado al Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo que revoque la orden de prisión suspendida dictada en su contra por negociación incompatible. Así, requirió que esta sea cambiada por prisión efectiva.

“Según el pedido del despacho fiscal existiría un flagrante incumplimiento de las reglas de conducta fijadas contra los procesados, en relación con el pago del monto por reparación civil”, indicó la institución.

Hasta hace unas semanas, , el exgobernador solo había pagado S/650 mil de los S/850 mil que se le impuso de indemnización.