El , es buscado por la Policía, tras por el delito contra la administración pública y aprovechamiento indebido del cargo. 

Desde la clandestinidad, Cerrón se pronunció a través de un comunicado y negó haber cometido ilícito alguno. "Aquí no hay ningún delito, aquí solo hay un cumplimiento de obligaciones conciliadas autónomamente por el procurador y la empresa", se lee en el documento. 

El Quinto Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín consideró que Cerrón y otros tres procesados se interesaron de manera directa e indebida en la ampliación del plazo N° 03 de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de la Oroya, con la finalidad de favorecer al consorcio Altiplano en la suma de S/850,000.

El gobernador sostuvo que los gerentes del Gobierno Regional en el año 2011 aceptaron llevar una conciliación con la empresa contratista porque estaba solicitando unos pagos adicionales. En dicha diligencia participó el procurador público del Gobierno Regional de Junín y reconoció el pago. 

Este es el comunicado completo:

Me dirijo para aclarar en relación a una sentencia, emitida el día de ayer, contra mi persona y otros funcionarios del Gobierno Regional Junín (GRJ), a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva.

1. El año 2010, el entonces , firmó un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos, para el saneamiento de La Oroya. No hubo licitación. 

2. El año 2011 la empresa solicitó sumas adicionales y pago de gastos generales paralizando la obra.

3. Ante estas circunstancias se reúne el cuerpo de gerentes del GRJ, evalúa la pretensión, decidiendo aceptar una conciliación con la empresa. 

4. La conciliación la lleva el representante del Estado, el Procurador Público del GRJ, que no depende funcionalmente del gobierno regional, sino del gobierno central, y decide reconocer 850 mil soles. 

5. Toda conciliación tiene carácter de ley, es idéntica a una sentencia. El GRJ cumplió con dicho acuerdo para que la obra continúe. Por el contrario, si no se hubiera cumplido con la conciliación hubiera sido un delito. 

6. Es toda la participación del gobierno regional. Sin embargo, la juez no ha llamado al Procurador ni a la empresa contratista a este juicio, cuando son los protagonistas principales, y presionada por intereses políticos ha emitido esta sentencia que será apelada. 

En realidad, aquí no hay ningún delito, aquí solo hay un cumplimiento de obligaciones conciliadas autónomamente por el procurador y la empresa.

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