#VigilanciaActiva: “El lobby es una actividad lícita y que necesita ser transparente”

Una actividad presente en el sector privado y cuyo significado se ha trastocado en los últimos años es la gestión de intereses, comúnmente conocida como el lobby. ¿Qué es realmente y por qué existen conceptos incorrectos sobre este?

En ese contexto, el director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), Eduardo Herrera, conversó sobre la realidad del lobby con María Isabel León, expresidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), y con Felipe Gutiérrez, CEO de la firma gestora de intereses Concertum. Ello fue llevado a cabo a través de #VigilanciaActiva, un panel organizado entre el CPA y Perú21.

Gestión de intereses

María Isabel León destacó desde su perspectiva que existe una confusión respecto a qué es realmente el lobby, pues muchas veces es asociado a acciones ilegales u ocultas que se cometen “para generar algún tipo de delito”, cuando ello no es así.

“El lobby, por la misma palabra de su concepción, significa hacer una antesala ante una determinada opción y crear las condiciones para que las personas que tomen decisiones, como los decisores de políticas públicas, que generalmente son autoridades o funcionarios, puedan recibir algún tipo de influencia o algún tipo de parecer de los grupos de interés. Es totalmente legítimo. Acordémonos de que la Constitución faculta el derecho de petición de los ciudadanos. Este es un derecho que se ejerce a través de personas profesionales que representan los intereses de otras para justamente tratar de influenciar de manera positiva sobre las decisiones que se tomen sobre temas distintos”, dijo la expresidenta de Confiep.

También comentó que esta actividad no solo se realiza a través de empresas, sino también por medio de sindicatos o gremios empresariales y que puede tener “connotaciones que pueden ser muy positivas si se manejan de manera transparente”.

“Es una actividad que, a mi juicio, es lícita, que necesita ser transparente y que por esa razón seguramente países como Perú, México y Argentina están regulando la intervención de las personas o las empresas que se dediquen a hacer este trabajo, que existan registros de ellas”, afirmó León.

Actividad legítima

Por su parte, Felipe Gutiérrez destacó que la gestión de intereses es importante para la competitividad de una empresa.

“Así como se manejan las finanzas, el marketing, las operaciones, la tecnología, es imprescindible manejar las relaciones con las autoridades que adoptan decisiones que afectan de una manera intensa o no el destino o la competitividad de las empresas”, precisó.

Los funcionarios públicos, agregó, adoptan una determinada postura al tomar decisiones y ello implica que tengan que escuchar a las partes involucradas (cuando se puede afectar actividades económicas). Por ello consideró necesario que los funcionarios puedan escuchar argumentos legales, económicos, políticos y técnicos. A la vez, le pareció positivo que se haya aprobado recientemente una directiva modelo, que ha permitido una marcha blanca del registro de visitas en línea.

“(La reunión) simplemente se registra y obviamente tiene una sumilla; si es la primera, segunda o tercera visita, si estoy tratando de formar conceptos para la licitación de la Línea 5 del Metro o si es para la segunda pista del aeropuerto o para construir el puente Tarata. Esas conversaciones entre el sector privado y sector público deben quedar legitimadas; primero, porque es la manera correcta de que el funcionario público da cuenta de que está defendiendo los intereses del Estado de manera abierta y escuchando a las partes de manera organizada; y, segundo, porque esa información gatilla la reacción oportuna de las personas que tienen interés (en ese tema)”, aseveró Gutiérrez.

FICHA:

María Isabel León. Es licenciada en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene un máster en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica y fue la primera presidenta mujer de Confiep.

Felipe Gutiérrez. Abogado y fundador y CEO de la consultora Concertum. Miembro de The National Institute for Lobbying and Ethics de Washington DC. Tiene más de doce años gestionando intereses de corporaciones y grupos empresariales.

Eduardo Herrera. Director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA). Abogado y magister en Derecho Penal, con un posgrado en Finanzas y Derecho Empresarial. Investigador y consultor en ética aplicada y estrategia contra la corrupción.