El analista político Víctor Hugo Quijada dijo que el plan de incentivos para el retiro voluntario de trabajadores del Parlamento que ha implementado la Comisión Permanente del Congreso, bajo la presidencia de Pedro Olaechea, puede alcanzar responsabilidad penal.
“El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, incurre en delito penal al haber dispuesto un irregular plan de incentivos de S/ 20 millones para renuncias de trabajadores del Congreso, ya que esa medida solo se puede efectuar por acuerdo de Mesa Directiva y cuando el Parlamento funciona normalmente”, dijo Quijada a Radio Nacional.
Según informó América Noticias, 52 servidores próximos a cumplir 70 años se acogieron al plan de incentivos para el retiro voluntario acordado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que integran Pedro Olaechea, Salvador Heresi, Karina Beteta y Marvin Palma.
A cada uno de los 52 trabajadores que se acogió a este programa se le ha otorgado un incentivo que fluctúa entre 300 mil soles y el millón y medio de soles.
“Es un delito pues no se puede hacer un pago mediante una institución (el Congreso) que actualmente no existe. No hay un Oficial Mayor que rinda cuentas a un Pleno. Estamos claramente ante un ilícito penal, un cobro indebido, malversación de fondos. Es muy delicado”, agregó Quijada.
Además, el también abogado y especialista en contrataciones del Estado manifestó que otras instituciones públicas deberían tomar cartas en el asunto, a fin de que esta situación pueda revertirse.
“El Ministerio de Economía y Finanzas debería suspender cualquier transferencia o de gasto porque no son gastos de la Comisión Permanente, sino pagos de jubilaciones de una institución que no está en funciones. La Contraloría General, Servir y el MEF tienen que pedir explicaciones por esto; la propia Fiscalía podría iniciar una investigación preliminar”, refirió.