Víctor García Toma: "Hubo un mal uso de la inmunidad congresal"

La inmunidad parlamentaria vuelve a estar en discusión tras los fallos judiciales en contra de congresistas en funciones. El abogado Víctor García Toma cree que esta figura debe prevalecer en nuestro sistema, pero es necesario mejorar la calidad de la representación nacional.

¿Es necesario eliminar la inmunidad parlamentaria?
Estas llamadas prerrogativas a título individual como la inmunidad y la inviolabilidad de palabra son instituciones que merecen mantenerse en la Constitución porque quienes nos representan, bien o mal, requieren para el cumplimiento de esa labor de representación de garantías ante cualquier intimidación o amenaza de carácter político o económico.

¿Ejemplo?
Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Javier Diez Canseco si él no hubiese tenido la inmunidad? ¿O qué hubiese pasado con García Belaunde, quien emprendió una solitaria y titánica lucha contra el grupo Orellana, si es que no hubiese estado abroquelado? Hubiesen conseguido un juez venal y habríamos sacado del Congreso a personas que forman parte de las minorías y que, de alguna manera, expresan un valor de importancia para la ciudadanía.

¿En Perú la inmunidad parlamentaria ha devenido en impunidad parlamentaria?
Ha habido un mal uso de la inmunidad y existe una regulación bastante laxa e imprecisa. Presentada la solicitud por parte del Poder Judicial (PJ) para el levantamiento del fuero o el desafuero, porque son dos cosas diferentes, ¿qué sucede? Que hay un procedimiento laxo que, en algunos casos, ni siquiera se llega a cumplir. ¿Cómo se soluciona eso? Con un procedimiento bueno, expeditivo, en el que los parlamentarios, en sesión pública, expresen la posición del Parlamento frente al pedido. Pero el problema de fondo no está en la inmunidad, está en la deplorable representación que tenemos.

El Congreso no decide si el congresista es culpable o no. Quien lo decide es el PJ. En ese sentido, retirar la inmunidad debería ser un trámite regular, ágil y fácil. Pero se ven los colores políticos y gana la mayoría.
La inmunidad tiene dos fases: el levantamiento del fuero y el desafuero. ¿Cuándo hay levantamiento de fuero? Cuando un congresista, ya en el ejercicio de la función, es objeto de una solicitud de procesamiento. Allí el Parlamento tiene que dilucidar si los hechos imputables son verosímiles, si esos hechos pudieran vincular la conducta del congresista, y si existe detrás de esta denuncia alguna instigación a un móvil de carácter político o económico. Cuando sean resueltas esas tres preguntas, el Congreso debería decidir de manera inmediata, porque no es complejo el asunto.

¿Los congresistas también están protegidos con inmunidad por actos cometidos antes de ser elegidos?
No, en el caso de Benicio Ríos, él supuestamente cometió un acto ilícito antes del ejercicio de la función y venía siendo procesado al momento que es elegido. Con él no hay necesidad de levantamiento de fuero. Ahí se requiere de una decisión del Congreso para determinar si se le desafuera o no. El levantamiento del fuero es un proceso distinto al del desafuero, pero en ambos casos compartidos en la opinión de que el procedimiento que existe hoy es de compadrería y otoronguismo, y debe desaparecer, pero la institución debe pervivir para que los parlamentarios que ejercen actos de control no sean objeto de venganzas.

¿Y por qué los congresistas deben estar protegidos por inmunidad y otros altos funcionarios, como los ministros, los gobernadores o alcaldes, no?
Hay una diferencia. El ministro, el alcalde, el gobernador administran fondos públicos, hacen obras. El parlamentario opina, fiscaliza, vota, representa. Entonces, es justamente por la naturaleza del cargo que hay una diferencia. A Benicio Ríos justamente lo están procesando porque fue alcalde, porque tuvo acceso a fondos públicos. Los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto.

¿Cuáles son los caminos para que un congresista de la República pierda su inmunidad? La congresista Patricia Donayre presentó un proyecto de ley.
Bueno, esa propuesta es tan popular como la condena de muerte, como la disolución del Parlamento. Son propuestas populares porque calzan con el sentimiento ciudadano que está descreído, desmotivado, desalentado, con la clase política, pero eso no debería suceder. Ahora, ¿qué debería pasar para hacerlo? Primero, la reforma de la Constitución.

¿Qué podría cambiar para que se aceleren los procesos para levantar la inmunidad?
Por ejemplo, ¿para qué el juez que está viendo la causa eleva el pedido para que sea el presidente de la Suprema el que haga la solicitud? ¿Para qué perdemos tiempo? El propio juez, de manera directa, debería dirigirse al Congreso y el Congreso debería dar un plazo de cinco días a la Comisión de Justicia o a la de Constitución para que emitan un pronunciamiento y luego a deliberar y votar en el seno del Parlamento en acto público, con mano alzada. Con ese cambio, el proceso sería más expeditivo. Todo podría resolverse en 15 días.

Donayre dijo que promoverá la participación ciudadana para eliminar la inmunidad. Necesitará 70 mil firmas.
Si fuera parlamentario, yo también haría eso, porque me genera simpatías ciudadanas. Estoy seguro de que va a conseguir las firmas, que no va a tener dificultad si tiene una buena organización, porque es una medida popular.

El presidente del PJ también dijo estar de acuerdo.
La historia de los últimos Parlamentos acredita que no se han aceptado los pedidos (de levantamiento de inmunidad), en eso tienen toda la razón. Pero eso no es culpa de la institución, sino de la calidad ética de los congresistas, que se protegen unos a otros, hoy por mí mañana por ti, y por el procedimiento que es demoroso. Lo que hay que mejorar es la representación y la ley.

AUTOFICHA

- “Soy abogado constitucionalista, docente universitario y ex funcionario público. He sido ministro de Justicia, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima”.​

- “Los pedidos para retirar la inmunidad parlamentaria deben hacerse de la manera más inmediata posible para evitar la impunidad. Pero, por otro lado, ¿cómo es posible que no sepamos quiénes son o qué han hecho los tres parlamentarios cuestionados?”.

- “Lo que vemos en el caso del congresista Benicio Ríos es que existe una orden de detención. Eso significaría privar a la representación nacional de la participación de uno de sus miembros. El Congreso tendrá que decidir si considera que se lo debe apartar del cargo hasta que se resuelva el proceso”.