El último jueves, el Congreso aprobó por mayoría una modificación al Reglamento del Congreso que cambia lo referente a la moción de censura y cuestión de confianza. La iniciativa indica que, en caso de “crisis total del gabinete”, ningún ministro saliente puede ser designado nuevamente en una cartera y establece que la facultad presidencial de disolver el Congreso procede en caso de producirse dos crisis totales de gabinetes. La discusión, más allá de si la reforma es necesaria, es si para hacerla se precisaba una modificación al Reglamento del Congreso, como se hizo, o de la Constitución. El abogado Víctor García Toma opina sobre el tema.
¿Para hacer esta modificación, se necesitaba cambiar la Constitución?
Ni siquiera podría hacerse con una reforma de la Constitución, tendría que haber un nuevo Congreso Constituyente. El Tribunal Constitucional (TC) lo ha establecido al sostener que ni siquiera por reformas se puede cambiar la forma del Estado o la del gobierno. El artículo 43 de la Constitución dice que somos una república democrática basada en el principio de separación de poderes. Entre estos poderes hay un equilibrio, un mutuo control (entre Ejecutivo y Congreso).
¿Ese equilibrio se rompe con este cambio en el Congreso?
Claro. La Constitución le da al Parlamento interpelación, censura, comisiones investigadores, la posibilidad de negar el voto de investidura, pero, por otro lado, le dice al Ejecutivo que puede observar las leyes o disolver el Congreso si caen dos gabinetes para convocar a elecciones cuando entiende que los congresistas obstruyen su labor. Esta modificación del reglamento del Congreso hace que ya no exista un equilibrio de poderes en el Perú. Hay un poder subordinante, que es el Legislativo, que tiene en sus manos al Ejecutivo.
Mercedes Aráoz señaló que el gobierno presentará una acción de inconstitucionalidad ante el TC. ¿Debe prosperar?
Claro, porque lo segundo es que el artículo 103 de la Constitución dice que no se puede dictar leyes por razón de las personas sino por la naturaleza de las cosas. En el Parlamento hay dos grupos de congresistas, unos con una mentalidad política, los fujimoristas, que tratan de someter y doblegar al Ejecutivo, y otros ajenos a este tema pero que han firmado. ¿Por qué? Porque están comprando un seguro de desempleo. Dictan una norma para impedir que el Ejecutivo formule la disolución porque saben que no serán reelegidos. Entonces, esta es una norma que tiene el interés personal de defender sus sueldos, prebendas, a costa de un principio básico de la Constitución.
¿Cuánto demoraría el TC en resolver la acción?
Presentada la acción, el TC tiene 30 días hábiles para admitirla. De ahí debe proponer una fecha para audiencia y estudiar el caso. Mínimo tres meses.
Es decir, el Congreso debatirá la vacancia primero y luego se resolverá esta acción.
Así es.
¿Aprobó esta modificación mirando de reojo las fechas?
Por supuesto. Y si derogan la norma, no pasa nada, porque ya se consumaron los hechos.
Juan Sheput dice que la aprobación de esta iniciativa deslegitima la moción de vacancia contra PPK porque se modifican las reglas de juego.
No, van por cuerdas separadas. Sí está claro que hay una estrategia política, pero jurídicamente una no invalida la otra.
Las cuestiones de confianza son sobre políticas del Estado. ¿Podría el gabinete pedir confianza para evitar la caída de PPK y convocar a elecciones?
Existe esa lógica perversa porque ya estamos en un ajedrez de tribales. Sí sería factible, porque esta resolución no tiene efectos retroactivos; en consecuencia, la caída del anterior gabinete, de Zavala, sí vale. Si se produjera la caída del gabinete de Mercedes Aráoz con el nuevo reglamento, cumpliría con las formalidades. Esperemos que no suceda nada de eso.
A PPK le imputan incapacidad moral permanente. ¿En la Constitución debería tipificarse qué se entiende por ello?
Yo creo que lo que deberíamos cambiar es a los parlamentarios (risas). El problema no está en la Constitución, las Constituciones tienen normas abiertas. La clave está en que el grupo que interpreta y aplica la Constitución tenga pericia técnica y sus miembros sean estadistas.
¿Este Congreso desconoce la Constitución o, conociéndola, no la aplica bien?
Es un Congreso políticamente mediocre. No existe en el Congreso, salvo Velásquez Quesquén y Del Castillo, y hasta el mismo García Belaunde, experiencia y formación en materia de derecho constitucional. No tenemos un Luis Alberto Sánchez, un Enrique Bernales, un Enrique Chirinos Soto... Esas figuras han desaparecido y no tienen reemplazo.
La canciller Cayetana Aljovín dijo que la vacancia por incapacidad moral permanente está pensada para un presidente que sufre de una alteración mental y que, por ello, destituir a PPK sería alterar el orden democrático.
No. Le pongo unos ejemplos. Fujimori fue vacado porque salió del país con autorización del Congreso para participar en una cumbre en Brunéi y de ahí se fue a Japón. No regresó al país y renunció por fax. O, por ejemplo, está el caso Arosemena en Ecuador, que llegó ebrio a una ceremonia pública, dio un discurso a lo Cantinflas y miccionó a vista de todos. Esos son actos inmorales flagrantes. A ese tipo de situaciones se refiere la Constitución, no a retorcer los conceptos para llegar a la idea.
¿Cree que, como alegan en el gobierno, se debe evitar la vacancia para defender a la institución del presidente de la República y no solo a PPK?
Claro, son dos cosas diferentes. Uno puede estar de acuerdo con que el presidente no está dando muestras de ser competente, que no tiene liderazgo, pero eso no tiene nada que ver con la vacancia, que sí tiene una implicancia directa con la gobernabilidad.
AUTOFICHA
- “Soy abogado constitucionalista, docente universitario y ex funcionario público. He sido ministro de Justicia, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima”.
- “Recordemos que el Congreso le ha estado metiendo ‘chiquitas’ al TC. Eloy Espinosa sí está muerto porque, al haber falseado su CV, va rumbo al cadalso. Pero más allá del craso error del TC en el caso El Frontón, ellos no responden por sus votos ni opiniones”.
- “Esta resolución es descabellada, pero no puedo interponer ninguna acción penal ni administrativa. Puede ser una cosa arbitraria o estúpida, pero están recogidos por este principio. Lo mismo pasa con el TC que dictó una resolución barbárica, pero, al igual que los congresistas, no responden por sus votos y opiniones”.