Francisco Sulca se fue de su casa a los 12 años junto a su papá. Huyó del centro poblado Payahuanay, ubicado en la provincia de Cangallo (Ayacucho) en la década del 80. En ese entonces, tanto Sendero Luminoso como el Ejército desaparecieron a miles de personas. Por eso, muchos tuvieron que escapar de sus hogares y pasaron a tener la condición de desplazados.
Francisco recuerda que tras la huida, su papá lo llevó a Lima, a una ladrillera ubicada en la zona de Huachipa. Ahí vivían en pequeños campamentos, donde cada trabajador construía su propia choza para dormir. Cuando terminaban con su trabajo se tenían que mudar a otro lado, donde nuevamente armaban un campamento mientras labraban más ladrillos.
Esa labor hizo de Francisco un hombre con la apariencia de un roble. Más de 30 años después continúa trabajando duro en ladrilleras –pero ahora como estibador– y, además, preside la Asociación de Familias Desplazadas en Lima (Asfadel). Los hermanos que Francisco dejó en Ayacucho llegaron a la capital solo por un tiempo, pues la vida al margen de la ciudad no era fácil. Menos para los desplazados.
“Como éramos de Ayacucho, nos maltrataban, nos decían terroristas. Una fecha, a mí me agarró un policía en Vitarte y me dijo ‘eres terruquito’. Por eso, la mayoría de mis paisanos trabajaban en la ladrillera”, recuerda el presidente de Asfadel.
SIN REPARACIONES
A pesar de que en el Estado existe un Plan Integral de Reparaciones (PIR) desde hace 13 años, Sulca es una de las miles de víctimas de la situación interna que vivió el país y que mantiene una condición de vida bastante precaria.
Como labrador, le pagaban S/25 por cada millar de ladrillos. Al la semana hacía máximo 5 millares. Ahora, como estibador, gana más o menos S/300 cada semana. Pero dos de sus hijos ganan menos por un trabajo similar en la misma ladrillera. La hija mayor de Sulca es profesora y la menor tiene apenas cinco años. Además, tiene otra que está por terminar la secundaria.
Así como él, las víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia 1980-2000 continúan esperando que el PIR se ejecute de manera integral.
Según un estudio de la Defensoría del Pueblo, de las 178,774 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, apenas el 4.3% obtuvo reparación en vivienda, 1.83% en educación y 12% en reparación colectiva a organizaciones de desplazados.
Para la Defensoría, son tres las causas del retraso en esta materia: la falta de una política de reparación, falta de presupuesto y lentitud en las instituciones a cargo de la ejecución del PIR.
“Desde la Defensoría del Pueblo confiamos en que los sectores de Justicia y Mujer, sensibles a las demandas de esta población, realicen las coordinaciones y gestiones necesarias para la eficiente e integral implementación de las leyes evaluadas, con el fin de lograr mermar en el dolor de las víctimas, que aún no son reparadas y no encuentran a sus familiares desaparecidos”, se pronunció la institución.
Por su lado, Teófilo Orozco, presidente de la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción del Perú (Condecorep), lamentó los mínimos avances en las reparaciones.
“Existe mucha indiferencia en las instituciones del Estado que tienen a cargo la gestión y ejecución de las reparaciones. Hay víctimas de todo el Perú que llevan años esperando a que se cumpla con sus derechos, pero no hay resultados”, expresó el dirigente.
TENGA EN CUENTA
- El Plan Integral de Reparaciones procura restaurar el lazo quebrado por el daño infligido a las víctimas de la acción de los grupos subversivos y la acción u omisión del Estado.
-Tienen derecho a ser reparadas las personas que hayan sufrido secuestros, desplazamientos forzosos, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual; asimismo, los familiares de desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. A la fecha no existe un marco legal para reparar a los desplazados del siglo XXI.