El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, deberá responder un pliego de preguntas como parte de la interpelación a la cual será sometido ante el pleno del Congreso por el acuerdo de colaboración eficaz que el Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc firmaron con la constructora Odebrecht.
En total, serán 21 preguntas las que Vicente Zeballos deberá atender ante el Pleno del Congreso el próximo 21 de marzo, fecha que fue planteada por la presidencia del Parlamento y aprobada por la mayoría de legisladores.
Las primeras dos preguntas están relacionadas directamente a la relación que tiene el ministro de Justicia con el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, Jorge Ramírez, quien ha participado en las negociaciones entre el equipo especial Lava Jato de la fiscalía y la constructora brasileña.
Una de las preguntas exige que el ministro especifique la relación funcional que tiene Vicente Zeballos con Jorge Ramírez, mientras que la siguiente busca averiguar si es que hace un seguimiento regular de la labor que hace este procurador al tratarse de un caso emblemático de corrupción.
En total, el pliego interpelatorio incluye nueve preguntas relacionadas directamente con el monto de reparación civil que se ha establecido en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el cual asciende a unos S/610 millones por cuatro proyectos en los que la empresa ha reconocido haber cometido actos ilícitos.
Los congresistas preguntan si es que Vicente Zeballos tuvo conocimiento de este monto y cuál fue la fórmula para calcular esta cifra como monto de reparación civil, así como los motivos por los cuales se estableció que el pago se haga en quince años de manera fraccionada.
Otras nueve de las 21 preguntas cuestionan también otro aspecto del acuerdo de colaboración eficaz: los cuatro proyectos que fueron incluidos en las negociaciones entre la fiscalía y Odebrecht.
En resumen, los parlamentarios piden que Vicente Zeballos explique por qué no se incluyeron otros proyectos en los cuales la Comisión Lava Jato del Congreso detectó presuntas irregularidades, como la Carretera Interoceánica Norte o el Gasoducto Sur.
Una última pregunta incluida en la moción que fue presentada por Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) trata sobre el proceso de extradición contra Alejandro Toledo. Específicamente, pide una explicación sobre el motivo por el cual no se había designado a un abogado que represente al Perú ante las autoridades de Estados Unidos.
Cabe recordar que esta moción fue planteada el 1 de febrero y fue aprobada por 58 votos a favor, 24 en contra y una sola abstención.