El Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se refirió a la insistencia de los comuneros de Fuerabamba en la libertad de Jorge y Frank Chávez Sotelo como condición para culminar las medidas de fuerza contra el proyecto minero Las Bambas.
En declaraciones a RPP, dijo que el compromiso del Gobierno es con los comuneros de Challhuahuacho y con sus dirigentes, pero el caso de los hermanos Chávez Sotelo les corresponde a los jueces, es decir, al Poder Judicial.
“El compromiso del Gobierno es con los comuneros y sus dirigentes. Lo que está bajo responsabilidad y autoridad de los jueces tendrán que determinarlo ellos”, manifestó.
Los hermanos Chávez Sotelo, se recuerda, son sindicados como parte de la banda 'Los Chavelos' y se encuentran en prisión preventiva por tres años por el presunto delito de extorsión y asociación ilícita.
El ministro comentó que en la reciente reunión del Gobierno con los comuneros de Challhuahuacho han participado autoridades regionales, municipales, presidentes de las comunidades y comuneros.
Enfatizó que entre los acuerdos a los que se llegó tras la instalación de la mesa de diálogo, están el compromiso de la OCMA de revisar las denuncias contra algunos magistrados, el fortalecimiento por parte del Ministerio de Justicia de la Oficina de Defensa Pública con un número mayor de abogados “para acudir a una revisión de la diversidad de denuncias de orden penal que tienen los comuneros y nos hemos comprometido que en un plazo de 30 días vamos a instalar una oficina de derechos humanos”.
Asimismo, indicó que el parlamentario Richard Arce desde el Congreso va a impulsar un proyecto de ley de amnistía.
“Es un tema bastante complejo. En principio pasa por procedimiento legislativo. El congresista se ha comprometido a ello, pero esto no evita que pase por comisiones, recabo de opiniones técnicas y finalmente al Pleno. Esto va a determinar a quiénes va a tener como beneficiarios, qué tipos penales, cuáles son los plazos, y se pedirá opinión técnica y jurídica al Minjus”, aseveró el ministro.
Zeballos indicó que han sido recurrentes las denuncias por parte de los comuneros sobre una especie de componenda entre algunos jueces y los abogados de la empresa minera, por lo que la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) iniciará un proceso de investigación.
“En atención a ello, el responsable de la OCMA ha tomado cartas en el asunto y dispuso que en el plazo de dos semanas un equipo de jueces va a viajar a esa localidad para iniciar un proceso de indagación”, puntualizó.