La presunta organización criminal de Vicente Díaz Arce cobraba US$ 300 mil mensuales solo por los alquileres de las 144 tiendas comerciales que tenía en la galería Santa Lucía, en Gamarra, La Victoria.
La fiscal de Lavado de Activos, Marita Barreto, a cargo de investigar al detenido empresario "entregó el cobro de los arrendamientos en posesión al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) con el propósito que el Estado pueda cobrar ese dinero".
Así lo informó una fuente de Perú21 en la Fiscalía quien explicó que Díaz Arce "no podía seguir administrando esos alquileres porque eran ganancias ilícitas de los alquileres que fueron adquiridas ilegalmente con ayuda del encarcelado Rodolfo Orellana".
Cabe recordar que el detenido empresario fue capturado el viernes 27 en uno de los "refugios de su vivienda de Surco". Estaba escondido en el cuarto del motor de la piscina de su casa que fue allanada.
¿CÓMO OPERABA LA PRESUNTA RED DE VICENTE DÍAZ?
Durante la audiencia de requerimiento de presión preventiva a Díaz Arce, la Fiscalía argumentó que la presunta red encabezada por el citado y su esposa Amanda Palomino "estructuró un aparato criminal para apropiarse de inmuebles ilícitamente, a través de arbitrajes fraudulentos".
Según la tesis del Ministerio Público, "Orellana le saneó varias propiedades a Díaz Arce” de la Galería Santa Lucía, a través de laudos arbitrales fraudulentos.
“Cuando Vicente no lograba su objetivo recurría a Orellana porque él tenía contactos en Registros Públicos. Finalmente, lograban las inscripciones. Díaz financió los saneamientos”, sostuvo la fuente.
La red estaba conformada por abogados, policías, jueces, fiscales, notarios, testaferros, funcionarios de la Sunarp y hasta sicarios.
Para concretar sus ilícitos se conformó diversas empresas de fachada en los rubros de inmobiliarias, constructoras, entre otras. “La organización era más grande que la de Orellana y estaba enquistada en el poder. Hay más de 20 personas vinculadas a la red”, alertó la fuente.
La pareja es investigada por actos de corrupción, falsificación de documentos, estafas, suplantación de personas y fraude procesal.
“Es decir, saneaban las propiedades, luego se apoderaban del bien y sus testaferros las vendían. Ellos mismos compraban las propiedades a terceros y así ocultaban el delito”, sostuvo la fuente.
Agregó que solo una organización que ha penetrado el poder político, el Poder Judicial y el Ministerio Público puede lograr mantenerse en impunidad tantos años. “Hay más de 260 investigaciones archivadas en el Ministerio Público y Poder contra integrantes de la red de Vicente”, dijo.
Por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, la Policía incautó la mañana del último viernes 13 inmuebles. Las medidas cautelares se realizaron de manera simultánea en Cañete, La Molina, Surco y en la galería Santa Lucía, en Gamarra. El pasado 2 de octubre, el magistrado ordenó la captura de Díaz y su esposa.
Javier Villa Stein, abogado de Díaz Arce, dijo ayer que su patrocinado "no tiene ningún vínculo con Rodolfo Orellana".