La ex candidata presidencial, Verónika Mendoza, se pronunció tras la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y se mostró "esperanzada de que la justicia mida a todos con la misma vara".
"En el Perú siempre hubo poderosos intocables que nunca respondían por sus delitos.¿Será que por fin la justicia empieza a medir a todos con la misma vara sin importar el cargo, la billetera o el apellido? Ojalá", escribió la lideresa de Nuevo Perú en su cuenta de Twitter.
En esa misma línea se manifestó Edgar Ochoa, vocero de Nuevo Perú, quien calificó como un "proceso regular" la detención preliminar dictada esta mañana contra la hija mayor del ex presidente Fujimori.
"No es ninguna persecución individualizada. Estamos aquí frente a una necesidad nacional, patriótica, de conocer la verdad", sostuvo el parlamentario de izquierda tras señalar que la orden de arresto también incluye a otras 19 personas.
Para Edgar Ochoa, el Poder Judicial está haciendo su trabajo y la detención contra Keiko Fujimori obedece a indicios que ha ido encontrando la Fiscalía de Lavado de Activos.
"Sabemos que es un proceso regular, un proceso formal. En tanto, la señora Keiko Fujimori ha señalado siempre que está dispuesta a colaborar y esperemos que, en ese sentido, los peruanos sepamos la verdad", comentó.
Explicó que ahora corresponde que Keiko Fujimori se someta a la justicia y colabore para que "así los peruanos sepamos la verdad".
"Lo que sí hay que preservar, y es nuestra responsabilidad de todos los ciudadanos y más aún de los congresistas, es que sus derechos fundamentales no se vulneren", remarcó Ochoa.
"De lo que estamos convencidos es que no se tiene que blindar absolutamente a nadie y que lo que tenemos que hacer es dejar que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo, caiga quien caiga", finalizó.
Esta mañana, el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras 19 personas, entre ellas los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, por un plazo de diez días por el presunto delito de lavado de activos.
Concepción Carhuancho adoptó esta medida tras una solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori Higuchi por los aportes que recibió su partido político para la campaña presidencial del 2011, entre ellos el supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht.