Fiscal José Domingo Pérez presenta nuevos cargos contra la lideresa de Fuerza Popular por aportes a campaña. (Foto: GEC)
Fiscal José Domingo Pérez presenta nuevos cargos contra la lideresa de Fuerza Popular por aportes a campaña. (Foto: GEC)

El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Crimen Organizado, Víctor Zúñiga Urday, suspendió la audiencia para evaluar nuevo pedido de la Fiscalía sobre prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, .

El magistrado convocó la nueva audiencia para el sábado 28 de diciembre a las 9 de la mañana. Continuará el 31 de diciembre y el 2 de enero.

Esta decisión se tomó a pedido de la defensa legal de Keiko Fujimori, quien alegó no haber sido notificada de forma correcta y precisa sobre los nuevos elementos de convicción explicados en el requerimiento de la Fiscalía.

ACTUALIZACIÓN

Minutos antes de iniciarse la nueva audiencia de pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular anunció —a través de redes sociales— que no asistirá a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

“Anoche, conversando con mi familia sobre la audiencia de hoy, llegamos a la conclusión que al no ser una obligación asistir a la diligencia, no voy a ser parte del show que los fiscales quieren repetir conmigo”, escribió en redes sociales.

NOTA ORIGINAL

A no le duró mucho el alivio de haber abandonado la cárcel a fines de noviembre, después de más de un año de haber permanecido recluida en el penal de mujeres de Chorrillos. Hoy la lideresa de Fuerza Popular enfrenta un nuevo pedido de prisión preventiva. Calificó la fecha de la audiencia, después de Navidad, como “el regalo más perverso” de su vida.

La diligencia es consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional (TC) que resolvió liberarla. La sentencia dispuso anular las resoluciones del juez Richard Concepción, quien ordenó la detención de la excandidata presidencial por 36 meses, y de la sala que confirmó la medida. Pero también estableció que el proceso se “retrotraiga” a la etapa anterior a esas decisiones.

Ese momento es la audiencia en la que se sustenta la solicitud de detención, y que por primera vez se realizó en octubre de 2018. Por eso el juez superior Víctor Zúñiga, cumpliendo el mandato del TC, la convocó.

El fiscal Domingo Pérez aprovechó la decisión judicial para incorporar en ese requerimiento los nuevos elementos que sustentan su investigación por lavado de activos.

Desde un principio, a la lideresa fujimorista, quien, a sus 44 años de edad, puede regresar a vivir en una celda, se le atribuía haber recibido un millón de dólares ilícitos de la empresa Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011.

Y no solo eso, también se le indaga por no haber declarado esos abonos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y haber usado falsos aportantes para “camuflar” los ingresos que recibió de la compañía brasileña.

Para el fiscal Pérez, además, la lideresa fujimorista habría hecho parte de su patrimonio los millonarios aportes que recibió.

De acuerdo a su investigación, el esposo de Fujimori, Mark Vito, no ha sabido explicar cómo compró tres terrenos: dos de ellos valorizados en más de US$178 mil, ubicados en La Chutana, Chilca, en la provincia de Lima; y otro en Cieneguilla, por un monto de US$147 mil.

Las pruebas a evaluar

Después de recoger los testimonios de los empresarios Dionisio Romero Paoletti y Vito Rodríguez, quienes revelaron haber entregado dinero en efectivo a la excandidata presidencial para financiar su campaña de 2011, Pérez ha advertido la comisión de nuevos delitos.

Esas confesiones motivaron que la hipótesis de investigación varíe. Antes se señalaba el millón de dólares aportados por Odebrecht como único abono presuntamente ilícito. Ahora, además de ese argumento, se sumaron los 3 millones 650 mil dólares que entregó Romero, presidente de Credicorp, y los 200 mil dólares de Rodríguez, presidente del Grupo Gloria, que tampoco fueron declarados ante la ONPE.

Además de lavado de activos, el Ministerio Público le imputa a Keiko Fujimori los cargos de asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.

Según la tesis de Pérez, los recursos cedidos por Romero y Rodríguez habrían sido ocultados a través de operaciones hechas por MVV Bienes Raíces, la empresa de su esposo.

Sabía que

Fuentes cercanas a Keiko Fujimori confirmaron a Perú21 que la excandidata presidencial acudirá hoy a la audiencia.

El empresario Manuel Gubbins Bovet declaró ante el Ministerio Público que su tío, el fallecido magnate Juan Rassmuss Echecopar, aportó US$3’400,000 para la campaña fujimorista del año 2011.


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