Aún no se puede ser concluyente respecto a los delitos que habrían cometido los funcionarios que se vacunaron y vacunaron a escondidas a sus familiares. Estos son hechos que la Corte Suprema señala de sospecha inicial; al menos podría haber negociación incompatible, como lo dispuso la Fiscalía al abrirle investigación al expresidente Martín Vizcarra.
Pero quienes están más comprometidos son los funcionarios encargados de negociar la compra de vacunas, los señores Arturo Jarama y Carlos Castillo. En el caso de Jarama, así como el de otros funcionarios cuyos familiares también se habrían beneficiado con la vacuna, se ve un aprovechamiento indebido del cargo. En realidad las investigaciones se deben profundizar.
Lo que sí debe suceder es que cada entidad en la que trabajan estos servidores públicos debería, mínimamente, haber abierto un proceso sancionador. Estamos frente a la quiebra de los conceptos mínimos de la ética profesional.