Investigar a Vizcarra tomaría dos meses

Con 14 votos a favor y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso acordó separar las denuncias contra Martín Vizcarra en dos competencias: una de juicio político por infracciones a la Constitución y otra de antejuicio político en la que califican presuntos delitos en torno a la vacunación clandestina contra el COVID-19. Esto a fin de evitar dilaciones en el proceso que tardaría unos dos meses.

El presidente de dicha subcomisión, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), sostuvo que en el caso de las denuncias referidas al antejuicio, se requiere de un proceso más extenso. “Se necesita actuación de pruebas, llamar a testigos, en algunos casos peritajes y eso demoraría un poco y podría ser usado por la defensa para realizar maniobras dilatorias. El juicio político se ve más rápido”, explicó a Perú21.

En total son ocho denuncias presentadas por diversos legisladores. En el caso de las de antejuicio político, figuran los presuntos delitos de colusión agravada, aprovechamiento del cargo, tráfico de influencias, falsificación de documentación, cohecho pasivo, peculado y abuso de autoridad.

MIRA: Subcomisión priorizará juicio político contra Martín Vizcarra para una posible inhabilitación

En tanto, a través de las denuncias por juicio político se busca inhabilitar al número 1 de Somos Perú para ejercer cargos en la función pública hasta por 10 años.

“En lo que respecta a la SAC, estimamos que dos meses es el plazo máximo tomando en cuenta las notificaciones, audiencias, y todo lo demás. Luego ambas denuncias irían a la Comisión Permanente y eventualmente al Pleno del Congreso”, añadió Pérez.

En conversación con este diario, el constitucionalista Luciano López advirtió que si Vizcarra es elegido congresista y después de su proclamación resulta inhabilitado por el actual Parlamento, no podría asumir funciones en julio.

“Se aplica el artículo 25 del Reglamento del Congreso, que indica vacar el cargo porque ha sido destituido en juicio político por infracción constitucional”, sostuvo el abogado.

MIEMBROS DE MESA

Mientras altos funcionarios del Ejecutivo se aplicaban las dosis de Sinopharm, los miembros de mesa se quedaron sin la oportunidad de ser inmunizados antes del 11 de abril.

Así lo confirmó ayer el ministro de Salud, Óscar Ugarte, quien se presentó ante la Comisión COVID-19 del Congreso y señaló que la protección que requiere ese personal está establecida en un protocolo que fue aprobado en 2020.

Esta postura fue reforzada horas después por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, quien durante una conferencia de PCM dijo que “la vacunación de los miembros de mesa, como dijo el doctor Ugarte, no es un requisito indispensable”.

DATOS

• A través de su cuenta de Facebook, Martín Vizcarra expresó que “no traten de usar su cargo para eliminar a un contendor político”.
• Este lunes a las 9:00 a.m. la SAC verá el informe de calificación de las denuncias que tienen que ver con infracciones a la Constitución, es decir, las que constituyen el  juicio político contra el candidato de Somos Perú.
• “En la experiencia práctica, el Congreso no gradúa las inhabilitaciones, siempre dan 10 años”. señaló el abogado constitucionalista Luciano López.