Vacunagate: Frente Amplio presenta nueva denuncia constitucional contra Martín Vizcarra

El vocero del Frente Amplio, Yván Quispe, presentó una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por la vacunación irregular contra el COVID-19 de altos funcionarios, caso conocido como el Vacunagate.

Se trata de la Acusación Constitucional 435 presentada contra el exmandatario por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, colusión simple, negociación incompatible, tráfico de influencias, concusión y peculado.

Cabe indicar que el documento fue remitido por Quispe Apaza a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento Nacional, que deberá evaluar su viabilidad en los próximos días.

Este lunes 1 de marzo la Comisión Permanente del Congreso revisará los informes de calificación de las denuncias constitucionales aprobadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería).

Se trata de la acusaciones acumuladas 422 y 424, la primera presentada por la congresista María Teresa Cabrera Vega (Podemos Perú) contra Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, peculado doloso, malversación, cohecho pasivo propio, entre otros delitos.

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En el caso de la 424 fue formulada por Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos, de la bancada Nueva Constitución, contra Martín Vizcarra por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Además, están las denuncias 423 y 427, acumuladas por infracción a la Constitución Política del Perú. La primera contra el exmandatario por la presunta infracción de los artículos 38, 39 y 118 (inciso 1), mientras que en el caso de las exministras Mazzetti y Astete, por la presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Carta Magna.

Finalmente, la denuncia 427, que plantea que Martín Vizcarra habría infringido los artículos 2 (inciso 2), 7, 9, 39 y 118 (inciso 1) de la Constitución.

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