El Congreso tiene una comisión especializada para hacer seguimiento a todas las acciones tomadas contra el COVID-19. (Foto: Difusión)
El Congreso tiene una comisión especializada para hacer seguimiento a todas las acciones tomadas contra el COVID-19. (Foto: Difusión)

El presidente de la comisión COVID-19 del , Leonardo Inga (), dijo que citará al gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, así como a la autoridad a cargo de la , para que expliquen ante los legisladores lo ocurrido con la vacunación irregular de funcionarios y personas allegadas con dosis de Pfizer contra el coronavirus.

“Es indignante que 64 personas, entre autoridades, funcionarios públicos y familiares de estos se hayan vacunado de forma irregular, atentando contra la salud de 64 adultos mayores que eran los verdaderos beneficiarios de estas vacunas”, declaró ante RPP.

“Estaremos citando al gobierno regional de Loreto y al director de la Dirección Regional de Salud para que respondan sobre estos hechos. Los responsables son los gobiernos regionales y no pueden lavarse las manos en una situación como la que estamos viviendo”, añadió.

El legislador Inga exhortó a que la Contraloría General de la República y el Ministerio Público actúen lo antes posible ante esta irregular vacunación.

Según informó EL Comercio, dos alcaldes y varios funcionarios del Gobierno Regional de Loreto recibieron vacunas contra el COVID-19 de Pfizer a pesar de no haber estado registrados en los padrones oficiales. Los beneficiados tenían menos de 80 años y no fueron considerados en los grupos priorizados por el Plan Nacional de Vacunación.

En total, fueron 66 dosis de Pfizer que fueron usadas en este lote que terminó siendo aplicado al alcalde de la provincia de Maynas, Francisco Sanjurjo (69 años); la alcaldesa del distrito de Punchana, Jane Donayre (63); y los asesores del Gobierno Regional de Loreto, Jorge Monasí (65) y Joiner Vásquez (73), entre otros.

El Gobierno Regional de Loreto calificó esto como un “lamentable incidente provocado por la irregular vacunación” de estas personas, por lo que suspendieron a funcionarios involucrados, tras asegurar que el despacho de Elisbán Ochoa “jamás autorizó vacunación para favorecer a sus funcionarios o a terceras personas” al indicar que la responsabilidad exclusiva es del sector salud.

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