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Martín Vizcarra podría tardar años en lograr nulidad de inhabilitación política
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La tarde de ayer, el Pleno del Congreso aprobó con 86 votos a favor el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en contra del expresidente Martín Vizcarra por los hechos ocurridos en torno a su vacunación clandestina contra el COVID-19 cuando fue presidente de la República.
Tras ello, el exmandatario -quien no se presentó en la sesión del Pleno realizada ayer- señaló que el Congreso “ha perdido toda legitimidad” y que “esto no ha terminado nos defenderemos en todas las instancias hasta revertir esta ilegal e inconstitucional decisión”.
Para el abogado constitucionalista Luciano López el camino judicial que el expresidente tendría que recorrer para anular o suspender su inhabilitación para ejercer cargos públicos, es más compleja de lo que parece.
Explicó que según el Tribunal Constitucional, contra las decisiones del Congreso solo procede una demanda de amparo ante el Poder Judicial. “Él ya ha presentado este recurso antes de la decisión de inhabilitarlo, ahora va tener que modificarla porque el hecho ya está consumado”, indicó.
Tras ello, el recurso se revisa en doble instancia ante el Poder Judicial. En un primer momento, el caso es visto por un juez. Si este último desestima la petición, entonces el denunciante puede acudir a una segunda instancia ante una sala superior. Solo si se agota esta vía, se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional.
“La única manera que tendría para suspender los efectos de la decisión del Parlamento es si el juez, después de ver la demanda, le acepta una medida cautelar como medida provisional temporal hasta que resuelva la medida de amparo. El tránsito judicial es incierto porque depende del criterio del juez y podría tardar años”, sostuvo López.
RECURSO EXCEPCIONAL
López indicó que existe un recurso excepcional que podría ser utilizado por el expresidente como otra salida ante la inhabilitación de ejercer cargos públicos por 10 años.
“Puede implementar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay un antecedente similar que fue el caso del exalcalde de Bogotá (Colombia), Gustavo Petro, quien recurrió a una medida cautelar ante esta comisión sin haber agotado antes la vía previa”, indicó.
Agregó que sólo la comisión puede elevar casos ante casos a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una vez agotada la jurisdicción interna.
El letrado observo también la estrategia de defensa utilizada por Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra. “A diferencia de las exministras, la estrategia de la defensa de Vizcarra no ha sido ir por el fondo del asunto sino tratar de destacar vulneraciones a ciertas garantías. En lugar de jugar el partido ha estado quejándose de las tarjetas que ponía el árbitro lo cual es una estrategia de defensa válida pero sería interesante ver un descargo sobre el fondo del asunto”, expresó.
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