Úrsula Moscoso es administradora y tiene una especialización en gestión pública. Es, además, fundadora del Partido Morado por el que postuló al actual Parlamento en las elecciones de 2020. Esta vez reedita su candidatura para proponer, según dijo en Tribuna Electoral, una serie de cambios en materia educativa pero también en el funcionamiento del Poder Legislativo. Ella participa en los comicios del domingo 11 de abril con el Nº 9.
¿Cuál es su opinión sobre la reforma universitaria y el papel cumplido por la Sunedu que en este Congreso varias bancadas han intentado bloquear?
La educación es una herramienta fundamental para cumplir los proyectos de vida, hoy es un privilegio, pero tiene que ser un derecho de acceso para todas las personas. En ese sentido, tenemos que defender la reforma universitaria porque no solo este Congreso, sino también los anteriores, han tratado de bajarse a la Sunedu por intereses personales de quienes llegan al Parlamento para defender intereses subalternos.
¿Tiene alguna propuesta para evitar que estos intereses entren a tallar a la hora de legislar?
Yo logré identificar que hay varios candidatos con conflicto de intereses. Es una responsabilidad grande de la ciudadanía investigar, tener un voto informado y evitar situaciones de congresistas que luchan por sus propios intereses...
El superintendente de la Sunedu es actualmente nombrado por el Ministerio de Educación. ¿Usted plantea modificar ese sistema?
Parte de los planteamientos para fortalecer a la Sunedu es modificar el sistema de elección. La propuesta es que sea a través de un concurso público transparente y dar facultad a la Sunedu para sancionar a las autoridades que incumplen con la Ley Universitaria. De esta manera, se podrá seguir defendiendo los derechos de los estudiantes, varios de los cuales han sido estafados.
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En el actual Congreso se han dado varios casos de inconducta ética. Una de sus propuestas es que sea un ente externo el que vea estos casos...
Uno de mis compromisos es, aparte de seguir luchando por una educación de calidad, también impulsar la urgente reforma del Congreso. La Comisión de Ética debe ser externa, no estar conformada por congresistas, sino por un expresidente del Congreso, un excongresista, dos profesores principales de Derecho y un ciudadano elegido por la Defensoría; eso permitiría que las investigaciones sean objetivas porque ahora se blinda a los congresistas porque, claro, otorongo no come otorongo. Aquí lo que necesitamos es voluntad política.