Un militante de Acción Popular y otra de Juntos por el Perú impulsaron paralización de Cuajone

La noche del jueves, la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala acordó devolver el reservorio Viña Blanca, luego de casi dos meses, a la mina Cuajone (Moquegua) y permitir que cerca de 5,000 trabajadores y sus familias volvieran a tener agua. El acuerdo, que se alcanzó en calidad de tregua, fue producto de un acercamiento y negociación entre autoridades del Gobierno y el dirigente comunal Iván Mendoza, quien junto con su presidenta Dionilde Flores Calizaya, lideraron las acciones contra la mina.

¿Quiénes son estos personajes que impulsaron tal medida de fuerza en el sur del país ocasionando con ello la pérdida de millones de soles en ingresos tributarios y en regalías y canon para los ciudadanos de la región?

Si bien son poco conocidos, ambos tienen una alta influencia en la comunidad, siendo Mendoza vocal de la misma y Dionilde la presidenta. Además, los dos tienen vinculaciones políticas, según lo pudo comprobar Perú21.

LOS MILITANTES

El perfil político de Mendoza hace dirigir la mirada a uno de los partidos políticos que más escaños consiguió en el Congreso en las recientes elecciones y que, pese a presentarse como oposición en el Parlamento, ha llegado a mostrar coqueteos con el oficialismo: Acción Popular.

Mendoza se unió a Acción Popular el 5 de enero de este año y aunque no figura como dirigente de comités provinciales o distritales, sí es miembro activo del partido de la lampa y tiene experiencia previa en otra agrupación política, pues también fue militante del Partido Nacionalista Peruano, con fecha de filiación que va del 14 de mayo de 2014 al 7 de septiembre de 2021.

Además, figura como “persona natural con negocio”, cuya actividad es alquiler y arrendamiento de vehículos automotores, según la Sunat.

En el caso de Dionilde Flores, ella pertenece a Juntos por el Perú, partido que incluyó a la hoy presidenta comunal como miembro del padrón de afiliados el 1 de abril de 2011.

Actualmente, Flores figura como afiliada a dicha organización política, según el Registro de Organizaciones Políticas.

Este diario logró contactar a Flores el jueves 21 de abril en su domicilio, una casa de tres pisos de cemento que resaltaba notoriamente frente a las viviendas de sus vecinos, ubicada en la localidad de Tumilaca, del distrito de Torata, en la provincia moqueguana de Mariscal Nieto.

Cuando Flores fue consultada sobre su filiación política dijo: “Si yo buscara intenciones políticas, estaría en los medios mañana tarde y noche, pero personalmente no me agrada ni soy de participar en la política”.

Una vez más se le preguntó si se ha inscrito en Juntos por el Perú, y respondió: “Bueno, tal vez me haya inscrito. No recuerdo (…). Tal vez me han pedido una firma, pero como ven, yo no salgo en los medios, no me gusta participar mucho. Yo me dedico a lo que es mi trabajo”.

Luego de su respuesta, este medio le consultó a la presidenta de la comunidad a qué actividad laboral se dedicaba, pero ella prefirió no abordar el tema. “Es algo personal”, dijo y aseguró que este año culminará su periodo como presidenta. No obstante, Perú21 corroboró que Flores figura como representante legal y gerenta general de Apirkar S.A.C., según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)

El otro negocio

Apirkar inició sus actividades el 1 de abril de 2018 y presenta como principal actividad económica los servicios vinculados “al transporte terrestre”, mientras que como actividad secundaria consigna el “alquiler y arrendamiento de vehículos automotores”. El domicilio fiscal de dicha empresa se encuentra en El Molino, Tumilca, la misma donde este medio entrevistó a Flores.

En el perfil de Facebook de Apirkar, su dueña la presenta como una empresa que “se dedica al alquiler de vehículos para transporte de personal (línea blanca) y a las construcciones y consultorías de obras civiles”. Además, en la misma página se consigna como número de contacto el teléfono móvil de Flores y se menciona que la compañía pertenece a la comunidad de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala, aunque ello no figura así en la Sunat.

Llama la atención que la comunidad que Flores preside cuente además con otra empresa, cuyas actividades se iniciaron formalmente el 6 de marzo de 2020. Se trata de la Empresa Comunal de Servicios Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala-Ecoser TPCT, cuyo domicilio fiscal coincide con el de Apirkar, es decir el de Dionilde.

Como actividad principal consigna el “alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles” y como actividad secundaria “transporte de carga por carretera”.

Esta última empresa, además, tiene como representante legal al expresidente de la comunidad campesina Rubén Centeno Soto, y cuenta con una flota de 17 camionetas Toyota Hilux.

Estas últimas fueron producto de un acuerdo en el marco del proyecto Quellaveco, de Anglo American, lo cual le permitió a dicha firma comunal ser proveedora de la minera.

La demanda

El bloqueo de la línea férrea que permite transportar los minerales de Cuajone y la toma del reservorio fueron medidas que la comunidad adoptó para reclamar la supuesta propiedad que dice tener sobre parte de las tierras donde se desarrolla la operación minera, incluyendo el área donde está el reservorio.

Pero lo que piden para resarcir ese supuesto uso de sus tierras linda con lo extorsivo. La comunidad exigió a Southern el pago de US$5,000 millones y del 5% de las utilidades. ¿Cómo se explica esto?

Flores aseguró a Perú21 que todo se resume a que la comunidad estaría exigiendo el pago de los US$5,000 millones por el uso del territorio durante todos los años de la operación de la mina, es decir, desde la década de 1970.

“Básicamente (el monto exigido) es por el uso de la propiedad, por el uso de los terrenos que la empresa ha hecho estos años, desde 1955, me parece. Y también por las estructuras como la represa Viña Blanca y el túnel que pasa por la comunidad. Hay accesos que se han hecho que están dentro de la propiedad de la comunidad”, dijo y aseveró que no podría asegurar si la demanda de los US$5,000 millones podría reducirse, pues sería un acuerdo de la comunidad que se evaluará en la mesa de diálogo. “La forma como esto se ha iniciado es la forma como la comunidad lo ha decidido. No es iniciativa mía, sino de la comunidad en sí”, aseguró Flores.

Para el especialista en derecho energético y socio de la consultora LQG, Anthony Laub, el accionar de la comunidad al haber tomado el reservorio por casi dos meses y terminar exigiendo la astronómica suma de dinero calificaría como extorsión. Y a ello agrega que la comunidad podría ser objeto de acciones legales por parte de los trabajadores afectados.

“Cualquiera de ellos podría denunciar penalmente por atentados contra la vida y la saluda a los responsables de la comunidad”, dijo.

Por otra parte, consideró que, salvo aspectos relacionados con el régimen jurídico de las comunidades indígenas, la propiedad es de la mina, de acuerdo con lo establecido por el Código Civil.

“Para efectos prácticos cualquier acción o reclamo ya prescribió largamente y luego tienes el tema de la posesión. Me imagino que Southern tiene propiedad más posesión pacífica y continua por más de cuatro décadas. El Código Civil habla de 10 años en caso de una posesión precaria y cinco en caso de título justo. Entonces ya se superaron todos esos procesos. Legalmente no hay nada que reclamar”, explicó Laub.

“Lo que sorprende es que después de cuatro décadas vengan a decir que ese terreno es de esta comunidad”, agregó.

Tenga en cuenta

-La paralización de la mina Cuajone (Moquegua) supuso una pérdida de S/8.5 millones por día en materia de pago de impuesto a la renta, canon y regalías para el Estado. Esto significó que el país y los ciudadanos de la región Moquegua dejaran de percibir más de S/450 millones.

-Los bloqueos y la toma del reservorio que ocasionaron la paralización de la mina generaron que la empresa minera Southern postergara el proyecto de ampliación de Cuajone. Ello implica que se dejarán de invertir cerca de US$850 millones en el Perú.

Cuajone: una operación minera con cinco décadas

Cuajone no es un proyecto que se haya impulsado recientemente en Moquegua. Su historia se remonta a la década de 1940, pues en el año 1937 obtuvo el reconocimiento de yacimiento potencial de cobre por parte del geólogo de Cerro de Pasco Copper Corporation, A.C. Schmedeman. Así se da a conocer en el reporte Prospección, exploración y desarrollo del yacimiento Cuajone, registrado en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.

Años después de ser reconocido como yacimiento y luego de que se realizara exploración en la zona, surgió un joint venture de Cerro de Pasco con Newmont, las cuales luego se asociarían con las compañías Phelps Dodge y Asarco para formar Southern Peru Copper Corporation en el marco de la factibilización del proyecto Toquepala.

Desde entonces pasarían los años hasta que en 1969 comenzaría la historia de Cuajone como hoy se le conoce, pues luego de varias negociaciones con el Estado peruano, acordaron ejecutar el proyecto por medio de un acuerdo con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. De esta forma, la década de 1970 sería aquella en la que dicha mina comenzaría a forjar su historia.

El mismo año del acuerdo comenzaron las labores de perforación y poco después, en 1970, se inició su construcción.

El desarrollo de la infraestructura de la mina de cobre comprendió el despliegue y construcción de carreteras y oficinas, tendido de redes de agua y alcantarillado, entre otras estructuras.

Una vez ejecutadas las obras, la producción de la mina comenzó oficialmente en 1976 y desde entonces atravesaría por una serie de cambios y mejoras que le permitieron ser una de las principales productoras de cobre en el país.