Miembros del Tribunal Constitucional acusan interferencia congresal

Ramos advierte que este escenario se asemeja al de 1997, cuando se destituyó a tres magistrados.

Actualizado el 05/11/2017, 06:44 a. m.

Notificados del acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de abrir investigación contra cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) por presunto delito de prevaricato, los magistrados Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña denunciaron un intento de amedrentamiento de un sector del Parlamento que –dijeron– busca tener un tribunal “a la medida de sus deseos”.

En declaraciones a RPP, Ramos cuestionó que el Congreso inicie un proceso de investigación contra él y sus colegas en momentos que –advirtió– está en curso un pedido de reposición de ex marinos “y otros temas vinculados al hábeas corpus solicitado para el ex presidente (Fujimori)”.

“Mal puede haber un pronunciamiento del Congreso en una causa que se encuentra abierta. Eso constituiría un grave atentado no solo a la autonomía de la justicia constitucional, sino también a la administración de justicia en general”, subrayó.

En esa línea, Ramos sostuvo que este escenario se asemeja “como dos gotas de agua” a lo ocurrido hace 20 años, cuando se defenestró a tres magistrados del TC por declarar la inconstitucionalidad de la llamada ley de interpretación auténtica que daba luz verde a una segunda reelección presidencial de Alberto Fujimori.

Interferencia

Eloy Espinosa-Saldaña, por su parte, rechazó las acusaciones de prevaricato y el supuesto cambio de voto de su colega Juan Vergara con el fin de calificar los sucesos ocurridos en El Frontón como delito de lesa humanidad. Aseguró que esa facultad le compete al Poder Judicial y reclamó respeto al TC a fin de que “pueda ejercer sus competencias sin ninguna interferencia”. “Veo que hay un afán de cambiar el sentido de nuestras sentencias judiciales”, criticó.

Sabía que

- La investigación, además de Ramos y Espinosa-Saldaña, alcanza al titular del TC, Manuel Miranda, y a Marianella Ledesma.

- Ellos han sido denunciados por supuesta alteración del voto del magistrado Juan Vergara para que los sucesos en El Frontón se califiquen como delito de lesa humanidad.