La Contraloría General de la República revisará las declaraciones juradas de intereses (DJI) de los aspirantes a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) de un periodo de hasta cinco años mientras que, en el caso de las declaraciones de bienes y rentas, no habrá plazo límite pudiendo, eventualmente, llegar hasta los 10 años.
La medida fue aprobada, por unanimidad, por los integrantes de la Comisión especial encargada de evaluar a los candidatos al TC y es parte del reglamento que fijará los criterios de selección de los postulantes.
El grupo de trabajo, además, aprobó ampliar de uno a tres días hábiles el plazo para que los candidatos desarrollen sus declaraciones juradas. Este trámite se llevará a cabo luego de la evaluación curricular.
Lo que no respaldó la comisión fue la propuesta de la Contraloría para que se extienda de 15 a 20 días hábiles el plazo para revisar la documentación toda vez que, argumentó, se trata de un proceso complejo que implica el cotejo de toda la información de los vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales e institucionales del candidato.
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El congresista del Partido Morado, Gino Costa, avaló el planteamiento del ente de control en función de su experiencia en la elección de los titulares de la ONPE y del Reniec a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Su postura, empero, no fue acogida. José Vega, de UPP, por ejemplo, alegó que esta ampliación alargaría todavía más todo el procedimiento de evaluación, que está previsto que demore 90 días.
Diethell Columbus, en tanto, recomendó a sus colegas no hacer proyecciones sobre cuándo concluiría el proceso en tanto no se apruebe el reglamento y se conozcan las reglas de juego del proceso. Semanas atrás, fue el titular del grupo, Rolando Ruiz, quien dijo que se elegiría a los nuevos magistrados en diciembre.