Tres millones de familias recibirán bonos de S/380 desde el jueves

Los problemas que tendrían millones de peruanos con pocos recursos, muchos de ellos trabajadores informales, para dejar de laborar y cumplir con el estado de emergencia comenzarán a ser atendidos por el Gobierno.

La principal medida para ello será la entrega de un bono de S/380 en beneficio de aproximadamente nueve millones de personas, según lo anunciado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, desde Palacio de Gobierno.

Beneficiarios

El objetivo de esta entrega, que fue planteada por Perú21 en su edición del 12 de marzo, será otorgar un ingreso a los hogares para que las personas que los integran puedan cubrir los gastos de necesidades básicas durante los 15 días de aislamiento obligatorio.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, adelantó en un tuit que este bono beneficiará a tres millones de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema.

“Estamos haciendo los mayores esfuerzos para que pueda ser cobrado al final de esta semana. El pago de esta asignación implica un esfuerzo logístico sin precedentes para el país”, agregó Alva.

Horas más tarde, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, adelantó que la entrega de los recursos se haría desde este jueves y estará en manos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Si bien los detalles sobre cómo se logrará filtrar, identificar y empadronar a los beneficiarios recién serán precisados cuando la medida sea aprobada por el Consejo de Ministros, para el economista y profesor de la Universidad del Pacífico, Pablo Lavado, la solución está en el Midis.

Registro nacional

“El Midis tiene su sistema de focalización de hogares, y los tiene nombre por nombre. Desde que se hizo público el censo se han hecho cruces. Entonces, la identificación de los hogares debería poder ser rápida. Además, los programas Juntos y Pensión 65 siguen operando. Los mecanismos que el Ejecutivo puede usar (para identificar a los hogares) están ahí”, explica Lavado a Perú21.

El éxito de la medida también dependerá de la inmediatez del Gobierno para llegar a los millones de peruanos en situación vulnerable.

Por ello, el economista aclara que ya es momento de “preocuparse por ser finos en la identificación porque lo que se necesita es una acción muy rápida”. La entrega del dinero podría realizarse a través del mecanismo de bancarización del programa Juntos, vía el Banco de la Nación.

No obstante, en el caso de las zonas rurales, existen más alternativas. Lavado detalla estas opciones: “En los lugares más alejados, podría llevarse el dinero en efectivo y repartir, pero muchas de las personas, aunque sean informales, también tienen una cuenta o se les puede crear una. También es importante que se explote la bancarización. Estamos hablando de los nueve millones de peruanos más vulnerables y sí creo que llegar a ellos es posible”.

De manera similar, el economista Carlos Parodi coincide en que la medida es positiva, pero cree que la identificación no será perfecta.El problema, en ese contexto, no serían los pobres, sino los informales. “No todos los informales son pobres extremos, pero viven al día y necesitan la transferencia. La premura hace que actuemos con lo que tenemos”, aseveró.

Mundo laboral

Una medida que también fue destacada por el Gobierno para favorecer a la población es el trabajo remoto y otras alternativas en caso de que las actividades de las empresas no pudieran efectuarse con normalidad.

La titular del Ministerio de Trabajo (MTPE), Sylvia Cáceres, indicó que la modalidad del trabajo remoto permite la prestación de servicios del trabajador desde su domicilio (o lugar de aislamiento domiciliario) y no afectará la remuneración ni el contrato laboral.

Al respecto, el abogado laboralista del Estudio Muñiz, Ricardo Herrera, indica que solo el 25% de la población del país son trabajadores formales, de los cuales cerca del 10% puede realizar sus actividades a través del trabajo remoto.

En el caso de los sectores que no puedan implementar tal modalidad (agro, pesca, comercio y minería), la ley permite que el empleador y el trabajador acuerden alternativas como otorgar vacaciones adelantadas, la licencia con goce de haberes con compensación de horas y la suspensión del trabajo sin goce de haberes por hasta 90 días. Todas estas evitarían el peor escenario: el cese colectivo o reducción de personal.