Cientos de trabajadores de la mina Las Bambas marcharon ayer en el centro de Lima, con dirección al Congreso de la República, para exigir una pronta solución al conflicto social que paraliza las operaciones de la compañía desde el 24 de abril y pone en riesgo sus empleos.
Erick Ramos, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas, cuestionó la incapacidad del gobierno y sus escasos esfuerzos para conseguir una solución duradera, mientras el tiempo se agota y teme despidos laborales, así como la aplicación de la suspensión perfecta.
“Estamos con vacaciones adelantadas. Cuando terminen, no se sabe qué puede pasar, lo cual ocurrirá a fines de mayo”, señaló a Perú21 Juan Carlos Huamán, dirigente del sindicato minero.
Wilford Jara, subsecretario de la organización sindical, advirtió que varios de sus compañeros de empresas tercerizadas ya fueron cesados y otros no han vuelto a ser contratados. “Se viene el cese colectivo total”, manifestó.
Alejandro Collazos, otro miembro del sindicato, consideró que existe un sector del gobierno que está en contra de la economía del país, que son de la extrema izquierda, y que no quiere una salida al problema. “Prácticamente en todas las regiones del país el sector minero está con conflictos sociales”, indicó.
Los comuneros de Fuerabamba y Huancuire invadieron los predios de Las Bambas el 14 de abril aduciendo que la mina no cumplió sus compromisos.
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CONFLICTO ESCALA
En la mañana de ayer, las instalaciones de la radioemisora Surphuy, perteneciente a la empresa minera, fueron atacadas con bombas incendiarias por desconocidos y afectaron parcialmente la antena de radiocomunicación.
“Un grupo de comuneros fueron identificados por nuestro sistema de seguridad de la antena, por lo que se realizarán las denuncias respectivas contra los autores de este hecho que amordaza a un medio de comunicación que promueve la participación de todos”, señaló la radio comunitaria.
El atentado se produce en medio de la incertidumbre por la realización de una mesa de diálogo convocada por la PCM para el 7 de mayo. La comunidad de Fuerabamba exigió que primero se levante el estado de emergencia para participar.
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