Por Fabiola Valle y Oscar Quispe
El informe de la comisión Lava Jato del Congreso salió a la luz con mucho ruido, pero con pocas sorpresas. Ha señalado responsabilidades delictivas en conocidos ex funcionarios, aunque todo indica que se olvidó de algunos peces gordos.
La congresista Rosa Bartra, presidenta del citado grupo de trabajo, decidió recomendar al Ministerio Público abrir investigación a los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; a ex ministros y viceministros; al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio; a la ex alcaldesa Susana Villarán; y a otros funcionarios estatales. Así como calificó de terceros civiles responsables a diversas empresas. (Ver infografía).
La comisión parlamentaria investigó 11 megaproyectos que fueron adjudicados a diversas empresas brasileñas y a sus consorciadas: Gasoducto Sur, Proyecto de Irrigación Olmos, IIRSA Sur, Metro 1 de Lima, entre otros.
En el caso del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos, el grupo de trabajo de la fujimorista Bartra puso bajo la lupa a Kuczynski y Humala.
Para la comisión Lava Jato, Humala actuó en provecho de Odebrecht debido al aporte de US$3 millones que recibió para su campaña electoral de acuerdo con las declaraciones de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú; y Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre.
Según el documento, Humala en menos de un año, desde que asumió sus funciones en 2011, le reconoció al Concesionario Trasvase Olmos de Odebrecht US$43’642,000 y se transfirieron los montos al gobierno regional para que este le pague a los brasileños.
Kuczynski también está cuestionado por Olmos. Entre 2004 y 2006, cuando fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, su empresa Westfield Capital recibió cuatro pagos de Odebrecht por consultorías.
En otro de los capítulos del informe Lava Jato, se señala que en el caso Gasoducto Sur se utilizaron los recursos económicos del Estado para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, Camargo Correa, sus consorciadas, funcionarios y particulares.
Según la comisión, Humala se habría coludido con ejecutivos de Odebrecht. “Se reunieron hasta en dos ocasiones en 2012 en Palacio para fijar en el contrato una serie de cláusulas en contra de los intereses del Estado”, se lee en el informe.
La comisión Lava Jato también decidió denunciar a Humala por infracción al principio de buena administración, por autorizar al Ministerio de Vivienda a usar la Organización Internacional para las Migraciones para que se encargue de la selección y contratación de las empresas que ejecutaron y supervisaron el Centro de Convenciones de Lima.
En un inicio estaba previsto que se pague S/454.9 millones por la obra, pero finalmente se pagó S/499.3 millones, casi S/50 millones más.
Una de las hipótesis de Bartra es que Humala concertó con OAS para que se pague ese monto a pesar del retraso en la entrega de la referida obra.
VILLARÁN Y CASTAÑEDA
El informe indica que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría favorecido a las empresas brasileñas OAS, en el proyecto Línea Amarilla, y Odebrecht, en Vías Nuevas de Lima.
Además, precisa que hay evidencias de que la ex burgomaestre de Lima recibió una coima para favorecer a OAS, por lo que recomienda denunciarla por lavado de activos, negociación incompatible, cohecho pasivo y falsedad ideológica.
Mientras que el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, habría incurrido en tráfico de influencias al suscribir los contratos de concesión del proyecto Línea Amarilla. Se le acusa de tráfico de influencias.
TOLEDO Y CONSORCIADAS
En la obra IIRSA Sur, el grupo de Bartra recomienda acusar a Alejandro Toledo por haber recibido US$3 millones en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de la vía.
Según el informe, diversas constructoras nacionales también se habrían confabulado para pagar el soborno solicitado por Toledo a cambio de la Interoceánica Sur, tramos II y III. Se trata de las firmas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
En el Metro de Lima 1, Bartra recomienda investigar al ex ministro Enrique Cornejo por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada. También al ex viceministro Jorge Cuba, por colusión, cohecho y lavado de dinero.
Sin embargo, a quien no se recomienda abrir investigación es al ex presidente Alan García a pesar de que se reunió en 15 ocasiones con Jorge Barata en Palacio de Gobierno.
Este documento será expuesto en el Pleno del Congreso el próximo lunes. Se someterá a debate para su aprobación y se enviará al Ministerio Público para que sirva como un insumo más en las pesquisas fiscales.
ESPOSO DE LETONA NO APARECE EN INFORME
En 2014, el abogado José Guzmán, esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona, cumplió un papel importante en la adjudicación del proyecto Gasoducto Sur, a cargo de Odebrecht. Para el Ministerio Público, hubo ilícitos en esta ejecución.
Guzmán, quien fue asesor de Proinversión, suscribió un informe que, de acuerdo con los cuestionamiento que recibió la comisión Lava Jato, habría servido para impedir que el consorcio Gasoducto Peruano del Sur continuara en carrera con Odebrecht.
En febrero de 2018, la comisión Lava Jato recogió el testimonio de Guzmán, quien no fue incluido en el informe final. En aquella ocasión, el esposo de Letona aclaró que su participación fue como asesor externo en temas de hidrocarburos, entre febrero y julio de 2014.
Además, afirmó que es falso que haya suscrito un informe que recomiende al comité encargado de adjudicar las obras del Gasoducto Sur Peruano la descalificación de alguno de los postores.
Por el contrario, dijo que él recomendó que se le dé la posibilidad al Gasoducto Peruano del Sur, competidor de Odebrecht, de subsanar su participación porcentual. Letona aseguró que su esposo actuó en calidad de asesor técnico, y no legal, por lo cual descartó algún hecho ilícito que lo involucre.