La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Arequipa inició una investigación preliminar contra 12 personas, entre alcaldes, empresarios y dirigentes agrarios, a quienes se les acusa de ser los financistas de las protestas contra el proyecto minero Tía María, que se iniciaron el 23 de marzo en la provincia de Islay.
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La investigación alcanza al alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, así como a los burgomaestres de Cocachacra, Helar Valencia; Deán Valdivia, Jaime de la Cruz; Punta de Bombón, José Ramos, y al regidor de Cocachacra Augusto Paredes.
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También figuran los dirigentes agrarios Pepe Julio Gutiérrez, Jesús Cornejo, Mary Marroquín y el dirigente arequipeño Jorge del Carpio Lazo.
El Ministerio Público inició las pesquisas luego de recibir un informe de la División Especializada en Lavado de Activos de la Policía Nacional, que da cuenta de que existen dos frentes de financiamiento; uno de ellos sería el político.
Según la denuncia, los investigados habrían adquirido bienes y formado empresas que les permitieron ganar dinero de forma ilícita para financiar las protestas.
Para la Policía, el empresario Percy Paco Jaramillo –dedicado a la crianza y beneficio de aves– sería el principal financista de las protestas, porque mantiene una disputa legal con Southern Perú.
En diálogo con Perú21, el empresario negó que financie las movilizaciones y aseguró que hace varios meses está alejado de la provincia de Islay.
En tanto, Jorge del Carpio y Héctor Herrera, abogados de Jesús Cornejo, coincidieron en calificar como "persecución política" las investigaciones por lavado de activos.
"Estas denuncias no van a prosperar porque no tienen fundamento", dijo el letrado.
La fiscal Carol Cuba, a cargo de las indagaciones, solicitó a la Sunarp los informes de las propiedades inscritas. También pidió el reporte migratorio de los involucrados.
Perú21 intentó comunicarse con los alcaldes Richard Ale y Jaime de la Cruz, pero ninguno respondió el teléfono.
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