Cardenal Pedro Barreto señaló que Tía María no es un problema de hace 5 o 15 días, sino de hace más de 10 años. (Foto: GEC)
Cardenal Pedro Barreto señaló que Tía María no es un problema de hace 5 o 15 días, sino de hace más de 10 años. (Foto: GEC)

Redacción PERÚ21

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El cardenal criticó la actitud del gobernador regional de Arequipa, , de lanzar un ultimátum de 72 horas el presidente para anular la licencia de construcción otorgada al proyecto Tía María.

"Esto es muy lamentable, un presidente que representa a una región tan querida como Arequipa no puede prestarse a este tipo de manipulación y de impedir que el diálogo pueda darse. Una cosa es pedirle al presidente conversar, pero no ponerse en actitudes que van a enervar esta situación tan candente. Debemos tener mucha calma y mucha prudencia para tomar decisiones", señaló.

En diálogo con Radio Nacional, el religioso consideró que el conflicto social por Tía María no es un problema de hace 5 o 15 días, sino de hace más de 10 años, y "es parte de nuestra realidad peruana".

"Tenemos que aprender de la maestra, que es la historia. Desconocer la historia es volver a cometer los mismos errores, tanto de la población civil como de los otros actores sociales, como el Gobierno y la propia empresa".

En ese sentido, Barreto también consideró que el Gobierno ya sentó su posición al otorgar la licencia de construcción a la empresa Southern Cooper Corporation, por lo que no debería participar en el diálogo, que debería centrarse entre la minera y la población de Islay.

"En el caso de Tía María, ya el Gobierno ha puesto su posición por la licencia. Por tanto, lo que amerita es la negociación entre la empresa y la población del valle del río Tambo y de todos los demás distritos comprendidos. El Estado ya se ha manifestado, no puede estar en el diálogo porque él se ha puesto de parte de la empresa minera, desoyendo también el clamor de la población", subrayó.

Finalmente,enfatizó que la violencia no lleva a nada y que interrumpir carreteras por parte de la población "no es la forma más adecuada" de llegar a una solución al conflicto.

"La verdad es que ha habido de todos los actores sociales esta equivocación de creer que por la fuerza o la violencia o por una ley o por una decisión, tanto desde la sociedad civil como del Gobierno y tal vez, aunque desconozco, de la misma empresa minera, que ha querido insistir en algo donde ya ha habido ocho muertos", sentenció.