A fin de fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de un hecho de corrupción en el Estado pueda denunciarlo sin temor, el Ejecutivo dictó medidas de protección para ellos y también sanciones para las denuncias que se hagan de mala fe.
Así quedó establecido en el Decreto Legislativo Nº 1327 publicado este viernes en el cuadernillo de Normas Legales del diario oficial El Peruano con el que se busca proteger los derechos personales o laborales de los denunciantes y testigos de este tipo de actos en la administración pública.
Estas medidas de protección garantizan la absoluta reserva de la información relativa a la identidad del denunciante cuando este lo requiera, a la materia de denuncia, y a las actuaciones derivadas de la misma.
La protección de la identidad puede mantenerse, incluso, con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción de la falta contraria a la ética pública denunciada y la autoridad administrativa competente puede otorgar las medidas de protección laboral necesarias y adecuadas.
Si deseas más información LEE AQUÍ el Decreto Legislativo Nº 1327 publicado este viernes por el Ejecutivo.