El Tribunal Constitucional (TC) aun no ha tomado una decisión sobre las demandas de inconstitucionalidad que presentaron el Gobierno y un sector del Congreso contra la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados.
En declaraciones a RPP, el presidente de la institución, Ernesto Blume, descartó los rumores, difundidos a través de las redes sociales, que señalaban que ya había un fallo sobre el tema.
"En este caso no hay debate todavía. Se va a iniciar en los próximos días. Como anuncié hace un buen tiempo, a mediados de octubre aproximadamente, que se cumplen los 30 días hábiles después que se vio la causa en Arequipa, debemos estar emitiendo una decisión", indicó.
El magistrado aseguró que no ha habido sesión de pleno del TC para evaluar el caso, mucho menos una votación. "Todas las especulaciones que se están haciendo sobre el sentido de los votos son solo eso, especulaciones", aseguró.
Ernesto Blume precisó que esta demanda de inconstitucionalidad se encuentra todavía en el inicio de un proceso deliberativo.
"Consiste en que un magistrado ponente hace una propuesta de decisión. Esta se somete a un pleno, se debate entre todos los magistrados y luego de escuchar los argumentos de todos los que quieren intervenir, se adopta la decisión respectiva", comentó.
En ese sentido, estimó que el martes 9 de octubre deberán llevar a cabo ese proceso, lo que no garantiza que ese día se concluya una votación.
"Hay ocasiones en que los debates demoran uno o dos plenos porque los magistrados prefieren ahondar algún aspecto del proyecto o presentar algún voto singular. (...) Lo estamos estudiando con tranquilidad, ponderación y cuidado", manifestó el titular del TC.
Ernesto Blume recordó que, para admitir una demanda de inconstitucionalidad, se requieren cinco de siete votos a favor de los demandantes. "De no reunirse los cinco votos, por imperio de la ley orgánica del TC, se tiene por infundada la demanda y la ley impugnada se declara válida", comentó.
En esta sesión que se llevó a cabo en Arequipa a fines de agosto de este año, se pronunció por parte del Ejecutivo el procurador en temas constitucionales Luis Alberto Huerta, y en representación de los congresistas que se oponen a esta norma Gilbert Violeta y Patricia Donayre, de Peruanos por el Kambio.
Ambos consideraron que la norma que fue observada por el Ejecutivo, solo para luego ser aprobada por insistencia en el pleno del Parlamento, vulnera los derechos de los ciudadanos a que se informen y restringe la capacidad del Estado para comunicarse con la población.