El próximo 16 de octubre, Martha Huatay (camarada ‘Rosa’) miembro del comité central de Socorro Popular (SOPO) y de Abogados Democráticos, ambos grupos vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso (SL), saldrá en libertad luego de cumplir 25 años de prisión.
Recientemente, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar por el atentado de Tarata. Hasta entonces, solo había participado en calidad de “testigo” en el juicio que la Sala Penal Nacional (SPN) sigue contra la cúpula de SL por los mismos hechos.
En declaraciones a Perú21, el procurador antiterrorismo, Milko Ruiz, dijo que el 27 de setiembre solicitó a Marcelita Gutiérrez, fiscal a cargo de las indagaciones, que acuse a Huatay y pida una medida de prisión preventiva en su contra. Se especuló, por eso, que no saldría de la cárcel.
Sin embargo, una fuente del Ministerio Público declaró a Perú21 que el Colegiado A de la SPN no evaluará por ahora la participación de “Rosa” en el mencionado atentado porque está enfocado en el juicio a los demás dirigentes senderistas.
Durante una audiencia del juicio Tarata, Óscar Ramírez Durand, camarada ‘Feliciano’, precisó que cuando Jovaca Pardavé (miembro del comité central de SOPO) fue detenido, Huatay lo habría reemplazado. Por eso, debió tener conocimiento sobre el plan del atentado en la calle del distrito miraflorino.
Las manifestaciones de ‘Feliciano’ pretendieron ser incorporadas por la fiscal Gutiérrez a su investigación para presentar una denuncia contra Huatay.
Según fuentes del Ministerio Público, estas son las pruebas más sólidas de su participación en el atentado. Por eso, la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial solicitó una copia del acta de audiencia al Colegiado A de la SPN –a cargo del juicio Tarata-. Pero el pedido fue rechazado por las siguientes razones:
El experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, criticó la decisión del Poder Judicial por las siguientes razones. Sobre el primer punto, sostuvo que para el juzgado, enviar el documento con las declaraciones de Feliciano sería adelantar un resultado porque estaría tratando a Huatay como acusada, y no como testigo. “Ciñéndose directamente a la mención que hizo un testigo clave [Feliciano], creo que pudieron limar asperezas; siempre he dicho que debería existir colaboración entre casos emblemáticos como el narcotráfico y el terrorismo”, agregó.
En relación al segundo argumento, señala Yaranga, la posición del Poder Judicial resulta muy legalista. En su opinión, debe demostrarse fehacientemente que Huatay fue responsable de SOPO y que los atentados, a partir del año 1991, fueron realizados por integrantes de esta organización.
Finalmente, sobre el último punto, Yaranga si bien coincide con la Sala en decir que no basta una declaración para romper la presunción de inocencia porque Huatay es un testigo más, con ella la situación es distinta. “Hay suficiente documentación, sobre todo por la investigación que hizo la policía especializada que indica que no son especulaciones, sino pruebas que están a la vista”, explicó.
¿Doble acusación?
En defensa de Huatay, Alfredo Crespo —abogado de Abimael Guzmán— señaló que no puede haber dos procesos judiciales sobre un mismo caso (Tarata). Pero esto es falso.
Lo que no puede haber es una investigación contra una persona por los mismos hechos y cargos. Así lo dicta el principio de “prohibición de doble persecución penal”.
Si bien recientemente Huatay está en calidad de “investigada” por los hechos de Tarata, en el juicio contra la cúpula senderista, solo está en condición de “testigo”.