Susana Villarán enfrentó una campaña para revocarla del cargo de alcaldesa de Lima entre 2012 y 2013. (Geraldo Caso Bizama)
Susana Villarán enfrentó una campaña para revocarla del cargo de alcaldesa de Lima entre 2012 y 2013. (Geraldo Caso Bizama)

Redacción PERÚ21

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El equipo especial de la formalizará a fines de abril la investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima, , y el ex gerente municipal José Miguel Castro, involucrados en el presunto financiamiento irregular de la campaña del No, entre 2012 y 2013.

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público indicaron que el fiscal Hamilton Castro, a cargo del referido equipo, está culminando las últimas diligencias que cerrarán la fase preliminar del caso. Precisaron que se debe terminar de deslacrar los bienes que le fueron incautados a Villarán y Castro en los allanamientos de inicios de mes.

Cabe recordar que el publicista Valdemir Garreta manifestó a la Fiscalía que recibió US$3 millones —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS— para asesorar la campaña contra la revocatoria de la entonces burgomaestre.

La ex vocera de esa campaña, Anel Townsend, confirmó que existió, en diciembre de 2012, una reunión entre los ex funcionarios municipales y el publicista Luis Favre, socio de Garreta.

Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, indicó que su firma abonó US$3 millones por pedido de José Miguel Castro y de la propia ex autoridad edil, sobre quienes pesa una orden de impedimento de salida del país desde noviembre pasado.

Entre tanto, la comisión Lava Jato del Congreso recibirá esta tarde (3:00 p.m.) a José Miguel Castro para que explique su participación en la mencionada campaña, en la firma de contratos con compañías brasileñas para la ejecución de obras públicas y otros cuestionamientos efectuados durante su gestión.

TENGA EN CUENTA

- En la etapa preparatoria, el Ministerio Público puede pedir al Poder Judicial medidas más severas para garantizar la investigación e incluir a más personas que puedan estar involucradas.

- José Miguel Castro ha señalado que no cometió ningún acto ilícito mientras fue funcionario público.