Marco Antonio Zevallos, quien fuera el responsable del equipo legal en la campaña por el No a la revocatoria, de Susana Villarán, y personero legal de la organización política Diálogo Vecinal (DV), se presenta ante la Comisión Lava Jato, que preside Rosa María Bartra (Fuerza Popular).
Durante su intervención aseguró que, durante dicha campaña, él no estuvo a cargo de la parte de económica y que no puede precisar los datos financieros porque las cifras eran "redondas".
Explicó que su cargo era honorífico."Yo no he tenido ninguna injerencia en el manejo financiero, el documento me tocó presentarlo al Pacto Ético Electoral, no era mi responsabilidad", manifestó ante el pleno de la comisión.
El parlamentario Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), le preguntó si creía que era ético que, pese haber sido revocado, haya regresado como gerente municipal en la gestión edil de Villarán.
Zevallos respondió recordándole que él también apoyó la campaña del No a la revocatoria. "Sobre mi desempeño como funcionario público, no tengo ninguna investigación en curso", mencionó.
Mauricio Mulder (Apra), por su parte, cuestionó que las cifras de los gastos que presentó el equipo eran "redondas" y le pidió a Zevallos que diga quién le entregó el documento que luego se presentó al Tribunal del Pacto Ético del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El ex funcionario manifestó que fue Anel Townsend, en condición de vocera responsable de la campaña, quien lo convocó para ser parte del equipo legal para dicho proceso, pero que no recuerda quién le dio dicho documento que llega su firma.
Marco Zeballos ha sido mencionado por varios miembros activos de la campaña del No, como Anel Townsend, como el encargado de hacer los pagos a los publicistas Valdemir Garreta y Luis Favre, el primero de ellos dueño de FX Comunicaciones, empresa a la que contrató Villarán para el mencionado proceso de consulta popular.
Según Garreta y Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, esta empresa brasilera y otra, OAS, desembolsaron US$ 3 millones (US$2 millones Odebrecht y US$ 1 millón OAS) como pago a los publicistas para trabajar en la revocatoria.