El Ministerio Público informó hoy que el equipo especial para el caso Lava Jato formalizó investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y otros funcionarios, quienes son investigados por los presuntos aportes irregulares a la campaña del 'No' a la revocatoria, realizada entre 2012 y 2013.
Los delitos que imputan a los procesados son cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. En este caso estaba en la mira el ex gerente municipal, José Miguel Castro. Un representante de la empresa OAS también ha sido incluido.
En abril pasado, un equipo de fiscales y de la Policía allanó las viviendas de Villarán y de Castro para hallar documentación que demuestre la hipótesis de la indagación: que la ex funcionaria "habría hipotecado su voluntad a cambio del financiamiento" de la campaña, con la que buscaba impedir su remoción.
En este sentido, la ex burgomaestre, según el Ministerio Público, pidió el apoyo financiero de las empresas OAS y Odebrecht sabiendo que ambas tenían el interés de ejecutar obras en las ciudad.
La Fiscalía maneja como prueba lo declarado por el publicista Valdemir Garreta, quien dijo que recibió US$3 millones —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS—, para asesorar la campaña de la ex funcionaria. En este punto, incluso, añade lo manifestado por Anel Towndsend, ex vocera de la campaña, quien confirmó que existió una reunión en diciembre de 2012 entre Villarán, José Miguel Castro y Luis Favre , el publicista que trabajaba con Garreta.
El fiscal Hamilton Castro, a cargo de la investigación, halló un desbalance entre los ingresos y gastos declarados por la campaña del No . "Se declaró haber tenido un ingreso de S/1'614,321.50 y un egreso de S/1'612,322, cuando se ha podido verificar que por lo menos existió ingresos por la suma de US$4 millones y egresos por más de US$3 millones ", sustentó el fiscal en su sustento.