El 2019 puede caracterizarse por ser el año en el que los complejos casos que tiene a su cargo el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía terminen por definirse.
A la acusación a presentarse contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos (ver recuadro) se sumaría la de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Fuentes del Ministerio Público indicaron a Perú21 que el fiscal Germán Juárez, a cargo del proceso, planea cerrar la carpeta luego de recoger la manifestación del ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quien sería interrogado el próximo mes en Brasil.
“En tres meses se tendría ya el caso cerrado; luego vendrá el formular la acusación”, revelaron las fuentes a este diario.
A Villarán se le indaga por presuntamente haber solicitado, siendo burgomaestre, apoyo a la empresa Odebrecht para financiar la campaña que se organizó entre 2012 y 2013 a fin de evitar su revocatoria.
El intermediario habría sido su entonces gerente municipal, José Miguel Castro. Fue Barata quien dijo inicialmente, ante fiscales brasileños, que Castro le pidió una reunión en la que este le solicitó US$3 millones para usarlos en la campaña del No.
Según su manifestación, dudó en su respuesta. Pero tras recibir la llamada de la propia Villarán pidiendo su respaldo, se convenció de respaldarla con el millonario aporte. Para el fiscal Juárez, este no fue un abono gratuito, sino que habría sido a cambio de que la firma brasileña se asegurara la concesión del proyecto Rutas de Lima.
Una modalidad parecida se concretó con la empresa OAS. Según el publicista brasileño Valdemir Garreta, se reunió hasta en dos o tres oportunidades con Villarán para coordinar el pago de los servicios que ascenderían a US$3 millones.
De acuerdo con Garreta, el ex gerente Castro le precisó que la campaña sería costeada por Odebrecht y OAS. La primera pagaría US$2 millones, mientras que la segunda pondría US$1 millón.
La indagación de Juárez sostiene que OAS tampoco aportó el dinero gratuitamente. A cambio, habría obtenido la concesión de la Línea Amarilla por 40 años.
“Como máxima autoridad edil, Villarán habría hipotecado su voluntad a cambio del financiamiento de su campaña No a la revocatoria, a favor de dos empresas que tenían intereses directos y concretos con la entidad edil”, argumenta la Fiscalía. Pese a la contundencia de las declaraciones testimoniales, Villarán y Castro han negado esas versiones.