Susana Villarán cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. (Foto: GEC)
Susana Villarán cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. (Foto: GEC)

El declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública Ad Hoc sobre el incremento de la pretensión resarcitoria a 20 millones de dólares, en el proceso que se le sigue a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otros investigados por los casos Odebrecht y OAS.

Según la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se aprobó elevar de 8 a 20 millones la petición resarcitoria para Villarán de la Puente y otros 17 procesados.

Precisa que el monto ilícito recibido para las campañas del No a la revocatoria y reelección municipal de Susana Villarán alcanzan los U$S 10 millones y no los U$S 4 millones como inicialmente se postuló.

Según las investigaciones del Ministerio Público, para la campaña del No a la revocatoria Odebrecht y OAS destinaron cada una U$S 3 millones, mientras que esta última empresa entregó otros U$S 4 millones para la reelección edil de Villarán.

Los U$S 20 millones al cambio actual equivalen a S/ 66 millones 900 mil. La exalcaldesa de Lima es procesada por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado peruano.

Las empresas brasileñas habrían aceptado dar dinero a la campaña de Susana Villarán porque Odebrecht tenía el proyecto de concesión de vías nuevas de Lima, a través de Rutas de Lima, y OAS a través de la empresa Lamsac, la adenda 1 de Línea Amarilla.

Cabe indicar que por ambos casos, Susana Villarán cumple prisión preventiva por 24 meses en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Su exgerente municipal José Miguel Castro también cumple la misma medida, por 18 meses, en un penal de la capital.

Además, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Corrupción de Funcionarios confirmó la comparecencia con restricciones dictada contra el exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima Gabriel Prado, quien investigado junto a la exalcaldesa de Lima.