Susana Villarán: Allanan empresas por concertación de adenda en proyecto Línea Amarilla

El fiscal José Domingo Pérez encabezó hoy un operativo para allanar las oficinas de las empresas que administran el proyecto Línea Amarilla, una millonaria obra que favoreció aún más a la compañía OAS cuando en 2013 se firmó la adenda N.°1 durante la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

La intervención, autorizada por el juez Jorge Chávez Tamariz, fue en las sedes de Vinci Highways Perú y Lima Expresa, compañías que están a cargo del cobro de peajes en la vía que fue construida inicialmente por Línea Amarilla SAC (Lamsac), a cargo de OAS.

Para Pérez, las empresas estarían “ocultando cosas relevantes” con la complicidad del Estudio Echecopar, cuyas instalaciones también fueron allanadas este martes.

El caso

Según la hipótesis fiscal, la Municipalidad de Lima y Lamsac suscribieron en mayo de 2011 un acta para aplicar la adenda una vez se cumpliese los tres años de plazo que estipulaba el contrato inicial firmado en noviembre de 2009, durante la gestión de Luis Castañeda.

El acuerdo consistía en permitir a OAS transferir sus acciones de Lamsac a Línea Amarilla Brasil Participacoes S.A. sucursal de Invepar y, a cambio, la comuna de Villarán exigía cambiar el nombre del proyecto a Vía Parque Rímac.

Los cambios pactados sucedieron pero antes de los tres años. Es decir, se vulneró el contrato.

“Este no fue un simple acuerdo para compromisos futuros, pues hubo obligaciones que se ejecutaron antes de la firma de la Adenda N.° 1 como ha sido el caso de la autorización para la transferencia financiera de la Constructora OAS a Invepar y el cambio de denominación del proyecto a Vía Parque Rímac”, sostiene el Ministerio Público.

La firma de la adenda sucedió finalmente el 13 de febrero de 2013. Por el lado de la comuna limeña firmó el entonces gerente municipal Domingo Arzubialde, y André Giavina Bianchi suscribió en representación de Lamsac.

El cambio del contrato modificó el monto de inversión del proyecto, que pasó de costar US$480 millones a US$561 millones, ya que se ejecutarían nuevas obras por más de US$81 millones.

Ello implicó, además, que se varíe el cobro del peaje y Lamsac, de acuerdo a la Fiscalía, hizo un reajuste del precio. Según sus cálculos, considerando el incremento de la inversión, había dejado de percibir más de US$142 millones entre 2009 y 2013, por lo que esperaba cobrar ese monto con la nueva tarifa del peaje.

La indagación señala que Lamsac pretendió conseguir ese millonario monto en medio de la campaña de revocatoria contra Villarán, que se impulsó en 2013.

José Pinheiro, presidente de OAS, se reunió con el gerente municipal José Miguel Castro para llegar a un acuerdo y fue en este contexto que este último habría pedido US$4 millones a la empresa para financiar las actividades proselitistas del ‘No’. Aunque el monto final prometido fue de US$7 millones.

En 2016, Vinci Highways compró el 100% de acciones a Invepar, y Lamsac pasó a llamarse Lima Expresa. Esa venta implicó que la compañía francesa tome posesión de la documentación que detalla las transferencias y acciones financieras realizadas desde 2009.

Esas son las evidencias que requiere el fiscal Pérez y que hasta el momento las compañías se habían resistido a entregar.

Descargos del Estudio Echecopar

En un comunicado, el Estudio Echecopar aclaró que no es parte de la investigación (ni sus abogados), pero que sí ha colaborado absolviendo las consultas que le formularon, por lo que la medida de allanamiento le resulta innecesaria.

“Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con las autoridades, dentro del marco del respeto al secreto profesional que mantenemos sobre nuestros clientes, protegido por la constitución y cumpliendo con los altos estándares éticos que siempre nos han caracterizado”.

Tenga en cuenta

-Lima Expresa se pronunció. Señaló que es respetuosa del “marco legal vigente” y que está a disposición de los requerimientos de las autoridades.

-En 2019, Susana Villarán admitió que recibió dinero de las empresas OAS y Odebrecht para financiar la campaña contra su revocatoria.

-El fiscal Pérez pidió al Poder Judicial 29 años de cárcel contra Villarán por recibir aportes ilícitos.

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