TC habilita a la Sunat cobrar deudas millonarias a empresas

El Tribunal Constitucional (TC) declaró hoy por mayoría infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de La Libertad que buscaba la prescripción de miles de millones de deudas tributarias que registraban empresas desde antes del 2012.

Solo el magistrado Ernesto Blume, ponente del caso, y su colega Augusto Ferrero votaron para que prescriban esos pagos. Los tribunos Eloy Espinosa Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda se opusieron a esa ponencia. El juez José Luis Sardón se abstuvo de participar ya que su hermano es directivo de una de las compañías deudoras en Perú.

El recurso del gremio de abogados cuestionaba la primera disposición del decreto legislativo 1421, emitido por el gobierno en setiembre de 2018. El decreto señala claramente que el 2012 será el año para contabilizar el plazo de prescripción de deudas generadas con anterioridad.

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Blume acogió el reclamo señalando que esa norma vulneraba el principio de prescripción, pero cuatro de sus colegas observaron esa postura al advertir que no reconocía los plazos que tiene la Sunat para fiscalizar y cobrar las deudas tributarias.

Espinosa Saldaña sostuvo que no era posible que la Sunat pudiera reclamar los pagos si antes no se establecía el monto a cobrar y alegó que esa aclaración es lo que cauteló el decreto legislativo 1421.

Ledesma también respaldó ese argumento. “Aunque se trata de un proceso de inconstitucionalidad, los principales efectos de lo que en este caso se discute, está vinculado con el cobro de una deuda tributaria a empresas contribuyentes, que según la Sunat, conforme aparece en el informe que está en el proceso ascendería a un monto total actualizado de más de S/9,950 millones”, expresó.

“Mi posición es que se declare infundada la demanda de inconstitucionalidad y como consecuencia de ello, que estas grandes empresas paguen sus impuestos al igual que lo hacen todos los contribuyentes de este país sin ninguna distinción. No tengo duda de que la primera disposición complementaria del Decreto Legislativo 1421 que hoy estamos controlando en este proceso es plenamente compatible con la Constitución”, aseveró.

Por la mañana, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, indicó que esos más de 9 mil millones representaban ocho años de financiamiento del programa Juntos, destinado a atender familias en situación de pobreza. “Es la totalidad el presupuesto para gobierno locales y financiar 380 mil viviendas rurales”, expresó.

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