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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia 247 seguida contra el exjuez supremo César Hinostroza y exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
El informe estuvo a cargo de la congresista María Cristina Retamozo (Frepap) quien sustentó el informe seguido contra Hinostroza, Guido Águila Grados, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Sergio Iván Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites, quienes integraron el extingo CNM.
“El primer hecho denunciado está referido a la organización criminal Los Cuellos Blanco de Puerto, la cual habría estado integrada por el exjuez supremo César Hinostroza en calidad de líder; así como por los exconsejeros del CNM, Guido Águila Grados, Julio Gutiérrez Pebe, Sergio Noguera Ramos y Orlando Velásquez Benites; además, por el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, por el personal administrativo y jurisdiccional de dicho distrito judicial y por abogados y empresarios, los cuales estarían siendo investigados ante las respectivas instancias judiciales”, aseveró Retamozo.
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El documento recomienda denunciar a Hinostroza por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, y tráfico de influencias.
En tanto, concluye también acusar a Iván Noguera (”Dr. Rock”) por la presunta comisión de delitos de organización criminal y cohecho pasivo.
También se recomienda denunciar a Atilio Gutiérrez Pebe por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y patrocinio ilegal.
Finalmente, se concluye que Guido Águila Grados y Orlando Velásquez Benites deben ser denunciados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal.
“Este informe va servir para que se proceda a investigar a estos personajes por su vinculación con Los Cuellos Blancos del Puerto, y el Poder Judicial y la Corte Suprema determinarán si hay responsabilidad penal o no, es la instancia que le corresponde pronunciarse sobre la responsabilidad penal y no al Congreso de la República la que le basta demostrar que hay indicios razonables y que no estamos ante persecución de ningún tipo”, aseveró Gino Costa Santolalla.
El informe fue aprobado con 9 votos a favor y una abstención de la congresista Martha Chávez.
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