La ex alcaldesa Susana Villarán dijo, a través de su cuenta de Facebook, que entregó al presidente del Tribunal del Pacto Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “las cuentas de la campaña del No (a la revocatoria) en abril del 2013, donde figura el pago de S/436,000 a la empresa FX (Comunicaciones)”.
FX Comunicaciones, como se conoce, es la empresa de Valdemir Garreta, publicista brasilero que, ante fiscales peruanos, aseguró que recibió US$3 millones de las empresas Odebrecht y OAS como pago por asesorar la campaña de Villarán en la consulta popular.
Perú21 accedió a los registros del Pacto Ético Electoral de la época y halló los formatos de Rendición de Cuentas Claras que la entonces alcaldesa y su entorno cercano llenaron para justificar los ingresos que habían tenido para solventar el proceso.
Los formatos son escuetos y no precisan el origen de los fondos. Los presentados el 15 de febrero del 2013, que aquí presenta este diario, son escritos todos por personas y no por empresas. Podrían existir más registros de meses posteriores pero con el mismo formato.
En el primero de ellos, como se ve en la imagen, el origen de los fondos es la propia Villarán. El monto ingresado es de S/13,100, y se precisa que será destinado para “actividades de campaña varios”.
El segundo documento es presentado por Eduardo Ariel Zegarra Méndez, quien era regidor metropolitano de Lima. El origen de los fondos es “fondos personales”, el monto ingresado es S/1,500.00, y también sirvió para cubrir los gastos de la revocatoria.
El tercero lo presenta Marisa Glave Remy, entonces regidora de Lima y actual congresista de la República por Nuevo Perú. El origen de los fondos proviene de la misma Glave. El importe es de S/1,500 y se usó para “actividades de campaña varias”.
El último documento al que accedió Perú21 lo presenta Maia Rojas Bruckmann, que también era regidora de la capital. El origen de los fondos es “propios”, aportó S/1,000 para la campaña.
Durante un proceso de revocatoria no existe una obligación legal para presentar informes de ingresos y gastos, distinto a lo que sucede en procesos electorales en los que los partidos deben entregar estos datos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).