Gregorio Rojas, dirigente de la comunidad de Fuerabamba, enfrentará su juicio en libertad con restricciones. (Perú21)
Gregorio Rojas, dirigente de la comunidad de Fuerabamba, enfrentará su juicio en libertad con restricciones. (Perú21)

El bloqueo del corredor minero y del ingreso a la mina continúa tras la liberación del dirigente de Fuerabamba, quien estuvo detenido por ocho días, investigado por el delito de extorsión contra la empresa minera MMG.

En comunicación con Perú21, Edison Vargas, vicepresidente de la comunidad, insistió en que no habrá diálogo ni levantarán su medida de protesta si es que no excarcelan también a los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo, sindicados por la Fiscalía como cabecillas de la organización criminal Los Chavelos, al igual que a Carlos Vargas Arizabal.

“Yo no voy a liberar ninguna vía porque mi posición como autoridad de la comunidad es que los hermanos Chávez salgan (en libertad), yo quiero para dialogar eso. Si no, no hay diálogo, tampoco hay levantamiento de la vía”, advirtió el fuerabambino.

Cinco horas después de esta declaración, a las 8:35 p.m., Vargas fue detenido en su localidad por haber atropellado a dos policías mientras manejaba en presunto estado de ebriedad. Esta intervención no tiene relación con el conflicto.

Prisión preventiva
El fiscal coordinador contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que Gregorio Rojas colaboró con el Ministerio Público y presentó documentos que demostraron su arraigo, con lo cual la Fiscalía decidió que le correspondía enfrentar su juicio en libertad, pero con restricciones.

En el acta de liberación se dispone que el dirigente no debe abandonar su localidad en Apurímac sin previa autorización judicial. Asimismo, tiene prohibido comunicarse con los otros presuntos miembros de la red Los Chavelos.

En cambio, los abogados podrían permanecer más tiempo tras las rejas, pues hoy el Ministerio Público solicitará prisión preventiva para ellos.
Chávez Cotrina acotó que las decisiones corresponden a criterios legales y no políticos.

“El Gobierno es el que tiene que manejar las negociaciones con la comunidad. El Ministerio Público actúa con autonomía e independencia”, precisó el fiscal.

Contra la extorsión
El presidente de la República, Martín Vizcarra, también se pronunció sobre el conflicto de Apurímac.

“Somos conscientes de las necesidades y demandas, largamente postergadas y que, como Estado debemos atender. Garantizo por ello apertura y diálogo para encontrar los mejores caminos de solución, pero al mismo tiempo, todos debemos ser firmes contra la violencia, la delincuencia, la extorsión y la intolerancia”, declaró el mandatario en un evento público.

Ayer, el Ejecutivo amplió por 15 días más el estado de emergencia en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac), donde se encuentra la mina Las Bambas y también el corredor vial minero bloqueado.

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