Según la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), hay más de 1,834 ONG activas en el Perú. Operan en todas las regiones del país y están teóricamente reguladas por la Constitución, el Código Civil y la propia APCI, encargada de “orientar y articular la oferta y demanda”. Sin embargo, a la hora de las definiciones, eso no sucede. En primer lugar, porque la inscripción en la APCI no es obligatoria. La obligación de inscribirse en los registros de la APCI solo rige para las ONG que ejecuten recursos de la CTI (Cooperación Técnica Internacional) y que gocen de beneficios tributarios sobre dichas transacciones.
Y, en segundo lugar, porque al 2023 solo 228 consignaron reportes financieros sobre el dinero que ejecutan.
A eso hay que sumarle una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 2007. Esta sentencia ha limitado las facultades de la propia APCI para fiscalizar los fondos y las actividades de las ONG financiadas por capital privado. Y, lamentablemente, la reinterpretación de una sentencia del TC solo puede llevarse a cabo, exclusivamente, por el mismo TC.
En teoría, la APCI está facultada por ley a planificar la ejecución de los recursos que reciben las ONG, siempre y cuando estos provengan de fuentes públicas. Por lo tanto, las organizaciones que reciban financiamiento privado no están obligadas a rendirle cuentas por las actividades que realicen con dichos recursos.
TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
En este contexto apareció la ley de Alejandro Aguinaga, que fue aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores. “Se busca la transparencia en la utilización de fondos”, dice el congresista fujimorista. “Lo importante es que todas reporten la actividad que realicen”, agregó. “La ley de transparencia y responsabilidad está sustentada en países democráticos”, concluye, criticando de paso la presión ejercida por diversas embajadas en el Perú.
Y tiene razón. En otros países hay leyes y controles afines. Como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA o Foreign Agents Registration Act), de Estados Unidos. Otro ejemplo es el Esquema de Registro de Influencia Extranjera (FIRS o Foreign Influence Registration Scheme), del Reino Unido. En Australia está el Esquema de Transparencia de Influencia Extranjera (FITS o Foreign Influence Transparency Scheme). Y en Canadá, la C-70, la Ley de Transparencia y Responsabilidad de Influencia Extranjera.
VERDES FUERA, ROJAS DENTRO
El parlamentario señala que hay un problema de bancarización. “Según la Unidad de Inteligencia Financiera, hay 195 transacciones sospechosas”, explica. Y el epicentro de la suspicacia está en los más de US$90 millones anuales que ejecutan organismos mal llamados ambientalistas. Ese parece ser el quid del asunto: transparentar las acciones de las ONG para ver si coinciden con los fines que estas persiguen y con los propósitos que defienden quienes las financian.
La Red Muqui, por ejemplo, dice defender “los derechos de las comunidades y el desarrollo sostenible frente a la actividad minera”. Pero esta actividad minera siempre es la formal, jamás la informal. Quizás, por eso, enfilan sus baterías contra la minería formal, la que tributa y da puestos de trabajo, la que puede ser fiscalizable. Pero jamás critican a la minería ilegal, esa que devasta comunidades, promueve la explotación sexual y la semiesclavitud, y destruye ecosistemas sin ningún control. Critican Tía María, pero nunca la trata de blancas en Pataz o Madre de Dios.
“Perú tiene para ser el primer productor de cobre, pero ha pasado al tercer lugar”, recuerda Aguinaga. Todo gracias a otras ONG supuestamente ambientalistas, como Grufides, CooperAcción, DAR y Conacami. Estas ONG parecen más preocupadas en parar la minería formal que en defender el medioambiente de lo más dañino: la minería ilegal.
Son sandías: verdes por fuera y rojas por dentro.
LA SOPA DE HERODES
El nuevo Gobierno estadounidense suspendió por 90 días la ayuda internacional. Según Trump, “la ayuda exterior no está alineada con los intereses estadounidenses y, en muchos casos, son antitéticas a los valores estadounidenses”. Además, “sirve para desestabilizar la paz mundial al promover ideas en países extranjeros directamente inversas a las relaciones armoniosas”. Se pudo decir más alto, pero no más claro. Trump deja en manos de Marco Rubio, su secretario de Estado, el filtro final, y también en Lisa Kenna, secretaria de Estado interina y exembajadora de Estados Unidos en el Perú. Imaginamos que su teléfono debe haber recibido muchas llamadas desde Lima.
Trump declaró que “no se desembolsará más asistencia extranjera que no esté completamente alineada con la política exterior de Estados Unidos”. Le temían a la ley Aguinaga, y ahora les toca la ley Trump. Para las ONG, esto debe saber como la sopa de Herodes. Ajo y agua, nomás.
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