Sandra Castro compró inmueble a vecina que prestó departamento para cita con Martín Vizcarra

La reunión de 2018 en que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro pidieron más seguridad personal al entonces presidente Martín Vizcarra se realizó en el departamento 504 del condominio de la calle Los Robles 262, en San Isidro.

Esa era la vivienda de Ana Cecilia Ascama Chacaliaza, una contadora que falleció el pasado 16 de febrero a los 59 años en Florida, Estados Unidos.

Ascama fue funcionaria de Osinergmin como jefa del área de contabilidad. Llegó a tener hasta seis inmuebles en su poder, según Registros Públicos. Y uno de ellos se lo vendió a Castro, quien en vida fue su amiga.

La única propiedad que figura a nombre de la fiscal en Registros Públicos es el departamento de la calle Luis Aldana, en La Victoria, que le vendió Ana Cecilia Ascama. La venta se concretó el 25 de julio de 2018 por el monto de US$90 mil.

Para Reniec, sin embargo, el domicilio de Sandra Castro está en el edificio de la calle Los Robles y la última vez que actualizó esa información fue el 27 de marzo de 2018, cuatro días después de que Martín Vizcarra jurara como presidente de la República. Y hay más curiosidades.

El médico Elder Castro Castillo, hermano de la fiscal, figura como residente de la casa de La Victoria.

Pero, de acuerdo a Registros Públicos, fue él quien adquirió el inmueble de San Isidro, en 2012, a S/353,800. Además, compró un estacionamiento a S/20,800 y un depósito por S/4,200 en el mismo condominio.

Castro vive en el segundo piso y Vizcarra en el octavo del referido edificio, aunque ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró que su vivienda queda en la avenida Dos de Mayo, también en San Isidro.

En entrevista con Perú21.TV, la fiscal Rocío Sánchez detalló que cuando Castro la convocó a su vivienda, le dijo luego que irían al departamento de Ascama para ver un contrato de compra-venta y que también se encontrarían con el entonces presidente Vizcarra.

Si bien no queda registro de la fecha, Sánchez sostuvo que sucedió antes de que se revelaran los audios del caso Cuellos Blancos, que se filtraron a inicios de julio de 2018.

Ayer, por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un proceso sancionador por inconducta funcional contra las fiscales Sánchez y Castro. La investigación puede finalizar con la destitución, la máxima sanción que puede recaer sobre un magistrado.

Fuentes de la JNJ comentaron a este diario que ese proceso demorará entre 60 y 90 días. “Será rápido porque ya existen todas las evidencias”, señalaron.

Tenga en cuenta

-La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, oficializó ayer la remoción de Sandra Castro y Rocío Sánchez del equipo especial Cuellos Blancos. Sánchez se quedará en el Callao, su plaza de origen, como fiscal adjunta.

-No obstante, Ávalos derivó a Castro, una fiscal provisional, al distrito de Noroeste y ahora estará en la especialidad penal. Además, dejó en el equipo especial a Roxana Jáuregui, de quien el fiscal supremo Pablo Sánchez también pidió su salida.