El jurista Samuel Abad integró la comisión que creó el presidente Martín Vizcarra para reformar el sistema de justicia a partir del escándalo que ha implicado al Consejo Nacional de la Magistratura. En esta entrevista opina sobre la viabilidad del referéndum que planteó el mandatario.
Vizcarra pidió que el referéndum se realice este año. ¿Se puede cumplir con ello?
Uno de los mecanismos para llevar adelante una reforma de la Constitución es que el Congreso apruebe un proyecto de reforma y luego este sea ratificado en referéndum. Ese proyecto es el que presentará el presidente. Si el Congreso lo aprueba rápido, tranquilamente se podría aprovechar las elecciones de octubre para llevar a cabo el referéndum.
De lo contrario...
Si no se puede realizar en octubre, podría ser en la segunda vuelta de las elecciones regionales, que será en noviembre. Todo depende de que el Congreso lo evalúe rápidamente y lo apruebe. Esto requiere voluntad política.
¿El referéndum se puede incorporar a la fecha de las elecciones aún cuando estas ya fueron convocadas?
Es que son temas distintos. El referéndum tiene un trámite especial, distinto a lo demás. Es un proceso que nunca se ha realizado en el Perú con esta Constitución. Hemos tenido 17 reformas a la Constitución, pero ninguna por referéndum. El único antecedente es el del Fonavi, pero fue un referéndum legal, no constitucional.
Desde el Congreso han pedido añadir más puntos a la consulta popular. ¿Eso puede retrasar su aprobación?
Claro, y hay casos en los que no cabe el referéndum, como en la pena de muerte. En el tema de la Corte IDH es peor todavía, eso es demagogia pura. Hay que debatir estos temas con argumentos sólidos.
¿Qué no se puede preguntar en un referéndum?
Nada que tenga que ver con la restricción de derechos. Tampoco, por ejemplo, la eliminación del Impuesto a la Renta o la disminución de la tasa del IGV porque, obviamente, todo el mundo estaría de acuerdo. Estos límites están establecidos en la Constitución.
Pero estos temas se plantean en el Congreso, que es donde se debe aprobar el proyecto de reforma constitucional. Es posible que se prolongue el debate.
Por eso le digo que esto requiere consenso, voluntad y necesidad de avance. Además es urgente, porque el CNM hoy no existe, no funciona, está desactivado. ¿Quién va a destituir a los jueces corruptos? ¿Quién va a nombrar a los jueces que se requiere? ¿Quién va a ratificar o no a los jueces actuales? Además, hay casos pendientes de destitución, todo eso está en suspenso.
¿Qué opinión tiene de las otras propuestas, la de la no reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad y la prohibición del financiamiento privado?
Nosotros nos hemos dedicado a ver los temas de justicia, que nos parecen los temas prioritarios. No he analizado los otros proyectos.
Queda la impresión de que en la reforma judicial el presidente buscó un cambio integral, convocado a la comisión que usted integró, pero en la reforma política no pasó lo mismo. ¿Percibe eso?
No he estado al tanto del trabajo del grupo que ha elaborado esas propuestas. Sí le digo que la propuesta del retorno al sistema bicameral es importante. Desde la época del presidente Paniagua, cuando se convocó a una comisión para plantear reformas a la Constitución, después de que cae el gobierno de Fujimori, planteamos eso. Obviamente estoy de acuerdo con volver a un régimen bicameral, pero hay que ver el detalle de la propuesta, cuáles son los alcances, cuál es la modalidad, etcétera.