El constitucionalista Samuel Abad expone la demanda de inconstitucionalidad ante el TC, que ha sido dejada al voto.
¿Cómo va la demanda de inconstitucionalidad del Reinfo?
Esta demanda fue presentada el año pasado, el 13 de noviembre de 2023, por parte del Colegio de Abogados de Loreto. Exactamente en 5 días vamos a cumplir un año. Ellos están en la zona y reconocen la cantidad de contaminación que existe como consecuencia de la minería ilegal. Se presentó la demanda, se contestó y se presentó el informe de un experto de Naciones Unidas que estuvo en la audiencia. Lo que se busca con esta demanda es que se cierre esta prórroga del registro de formalización, más conocido como el Reinfo, que ha tenido sucesivas prórrogas y que vence el 31 de diciembre de este año. Aparentemente, el Congreso quiere volver a prorrogarla.
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Solo el 2% de los registrados se ha formalizado.
No es un tema nuevo. Este proceso de formalización se inicia hace 22 años, año 2002. Y ha sido prorrogado hasta el 31 de diciembre. Hoy existen cinco proyectos de ley. La idea de la formalización, en sí misma, no es mala. El problema es que esto ha fracasado. Este proceso de formalización se ha convertido en una fórmula para que los mineros ilegales puedan explotar y realizar esta actividad ilícita sin control alguno. Basta que cuenten con un certificado que acredita que se han inscrito en el Reinfo para que gocen de impunidad, porque no son responsables penal ni administrativamente. No les pasa nada. Y la finalidad de lograr la formalidad no se ha cumplido, porque solo se ha podido formalizar el 2% de los inscritos. Ha sido un modelo que ha fracasado. A lo único que ha contribuido es a la contaminación del medioambiente y a la afectación a la salud. Recuerde que estos mineros utilizan el mercurio, que tiene graves consecuencias para la salud y la vida de las personas, porque ha contaminado las aguas y ha afectado zonas en las cuales habitan pueblos indígenas. Incluso ha propiciado economías ilegales, afectando derechos adicionales con temas como la trata y el trabajo forzoso. Y también han asesinado a varios defensores ambientales, como se ha reportado públicamente. El Estado ha abdicado de su función de control, dictando este tipo de normas que ha creado un Estado paralelo. Esperemos que el Tribunal Constitucional (TC) actúe rápidamente, porque el proceso culmina a fin de año y lo que puede pasar es que en el camino se dicten nuevas prórrogas al Reinfo y el TC no se pueda pronunciar sobre una nueva ley que todavía no ha sido objeto de la demanda.
Se le pide al TC que se pronuncie sobre el tema de fondo, para que otra ley no le saque la vuelta.
Eso es lo que hemos solicitado. En el hipotético caso que se aprobara una nueva ley de prórroga, lo que también le pedimos al TC es que se pronuncie sobre las nuevas normas. Le hemos pedido al TC que declare inconstitucional no solo la Ley 31388 que prorrogó el Reinfo hasta este 31 de diciembre, sino también que se cierre este proceso de formalización. Este sistema de formalización tiene 22 años y no ha cumplido con su misión.
Para el IPE, de 2005 a 2023 la exportación de oro ilegal se multiplicó por siete.
Vivimos un país paralelo donde no se respeta la ley. Acá, con base en el Reinfo, no se respeta la ley porque se cometen delitos y se puede exportar oro ilegal sin ningún problema, sin responsabilidad penal, civil ni administrativa. Eso no lo tiene nadie. Se han dictado normas que permiten la formalización que en realidad no han contribuido a la formalización. Y lo que plantea el Congreso es solamente prórroga tras prórroga. Y de verdad, esta situación está generando violaciones a derechos. Esto debería motivar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El propio Congreso ha reconocido que estas normas afectan derechos, pero ha dicho que es una situación excepcional, justificando esta afectación de derechos. Pero no puede justificarse una afectación de derechos de 22 años. Para declarar inconstitucional esta norma se requieren 5 votos de 7. Legalmente, son 30 días después de la audiencia, que fue el martes 5 de noviembre. Pero la vigencia de esta ley vence el 31 de diciembre. Y muchas veces el TC se toma su tiempo. Por eso hemos pedido que resuelva lo más pronto posible, dada la situación. La minería ilegal genera contaminación y afecta el derecho a la vida, a la salud y a la integridad. La minería ilegal es una isla de impunidad. Y protegida por el Reinfo.
TENGA EN CUENTA
“La ley MAPE (de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) tampoco va a resolver este tema. Evidentemente, debe aprobarse, pero son cosas distintas. Hay que eliminar esta prórroga. Y luego, que la autoridad actúe”.
“Se requiere capacidad y presupuesto en los gobiernos regionales, porque ellos tienen que ver con la minería artesanal y la de menor escala. Ahí muchas veces están escondidos los mineros ilegales. Hay que fortalecer su capacidad de control y de gestión. También el rol de la policía, para que protejan a quienes denuncian, porque si no los matan”.
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