Esta madrugada once personajes vinculados a la presunta organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, quienes protagonizan los escandalosos audios difundidos las últimas semanas por la prensa, fueron capturados por la Policía, tras la solicitud del Ministerio Público y la orden del Poder Judicial.
Entre ellos, sin embargo, no figura el vocal supremo César Hinostroza, uno de los magistrados más cuestionados por este caso, debido a que goza de un antejuicio por su alta investidura, gracias al cual no puede ser si quiera investigado por la justicia. Su futuro depende del Congreso, fuero en el que se debate, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una denuncia.
El abogado constitucionalista Samuel Abad, en diálogo con Perú21, sostuvo que si bien se debe respetar el debido proceso en esta investigación, sí se pueden acelerar los tiempos para que el Parlamento tome una decisión cuanto antes sobre la situación de Hinostroza.
“En el caso de Hinostroza, respetando el debido proceso, el Congreso podría actuar de manera más rápida de la que está actuando”, asegura.
Abad pone de ejemplo la suspensión de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes, a su juicio, fueron sancionados respetando los plazos establecidos por la Constitución y el Reglamento del Congreso, pero con celeridad.
“¿Usted recuerda el caso de Kenji Fujimori? ¿En cuanto tiempo lo sacaron? Bueno, cuando quiere, el Congreso lo hace. A Kenji Fujimori que le iniciaron el mismo procedimiento que a Hinostroza, igualito. Lo destituyeron a través de un procedimiento de acusación constitucional que pasó por la Subcomsión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el pleno. Todo fue rapidísimo”, manifestó.
El jurista indicó que los 15 días para realizar la investigación a Hinostroza contemplados en el artículo 89 del Reglamento del Parlamento podría reducirse es un plazo máximo, que podría reducirse debido a que “el Congreso ya evidenció que puede tener bastante agilidad si hay voluntad”.
Con preocupación, recordó que existe un antecedente de que le Congreso no haya aprobado una denuncia constitucional por un escándalo como el que sufrimos en la actualidad. En el Legislativo anterior, señaló, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, presentó una denuncia contra el magistrado Gerardo Eto Cruz, del Tribunal Constitucional (TC) porque, tras una investigación, determinó que recibió dinero del alcalde de Chiclayo para dictar un fallo, lo que configuraba el delito de cohecho.
“En aquella oportunidad el Congreso decidió, por mayoría, archivar el caso. Es decir, si hay una evaluación política del caso, se garantiza la impunidad”, concluye Abad.
ANTECEDENTE KENJI
¿En qué lapso fue suspendido Kenji Fujimori de sus funciones? El 5 de abril la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite la denuncia contra él por la compra de votos. Cuatro días más tarde se eligió al fujimorista César Segura como el encargado para elaborar el informe del caos, el cual presentó el 16 de mayo. Dos días más tarde se aprobó la destitución en la subcomisión, y el 23 de mayo se hizo lo propio en la Comisión Permanente. El pleno definió todo el 6 de junio.
En esta ocasión, en el caso de Hinostroza y los consejeros Noguera y Gutiérrez, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales esperará hasta este jueves sus descargos. Tras ello, el ponente, el legislador Oracio Pacori, de Nuevo Perú, tendrá 5 días para deberá sustentar su informe. Luego el tema irá a la Permanente y, finalmente, al pleno.
