La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó un informe que propone la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra y de sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos por su participación en la disolución del Congreso en 2019.
Según el documento, Vizcarra enfrentaría una inhabilitación de 10 años para ejercer cualquier función pública, mientras que a Del Solar y Zeballos se les aplicaría una sanción de 5 años.
Presunta ingenuidad de los integrantes de la orquesta Son del Duke que quedó grabada y cuyo video, que hace eco en las redes sociales, daría cuenta del control que esta organización criminal tiene en la ciudad de Trujillo.
Salvador del Solar calificó la medida como “discriminatoria”, “absurda” y “arbitraria”. En un comunicado emitido por su defensa legal, encabezada por Luciano López Torres, se señaló que la SAC habría aplicado criterios desiguales en el caso de Del Solar, ignorando precedentes constitucionales y parlamentarios.
“El informe ignora lo dispuesto por la Constitución y se basa en una evidente mentira. Esto deja en claro que el único propósito detrás de este proceso es descalificar a potenciales adversarios políticos”, indicó el comunicado.
La defensa también denunció que otros exfuncionarios del mismo gabinete, cuyos mandatos cesaron el mismo día, no enfrentaron sanciones porque sus casos fueron declarados caducos.
Según el comunicado, la Comisión de Constitución estableció en 2007 que el plazo de caducidad señalado en el artículo 99 de la Constitución no admite interrupciones, lo que habría cerrado cualquier posibilidad de acusar a Del Solar a partir del 30 de septiembre de 2024.
El comunicado desestima los fundamentos del informe aprobado por la SAC, que argumenta que no existe un registro literal en las actas del Consejo de Ministros sobre la cuestión de confianza presentada por Del Solar. La defensa calificó esta observación como un “razonamiento absurdo”, afirmando que tal pedido en el hemiciclo fue una iniciativa personal del ex premier, pero respaldada tácitamente por el gabinete.
Asimismo, lamentaron que la SAC procediera sin esperar la opinión consultiva de la Comisión de Constitución respecto al plazo de caducidad.
La defensa de Del Solar instó a la Comisión Permanente a corregir lo que calificaron como un “despropósito jurídico y político”. Además, denunciaron que el Parlamento ha incurrido en atropellos recientes que socavan la justicia y la igualdad en los procesos de acusación.
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