Lo mismo de siempre. Legisladora Luque alega que estados de emergencia, que sirvieron para reducir protestas, son una estrategia de militarización. (GEC)
Lo mismo de siempre. Legisladora Luque alega que estados de emergencia, que sirvieron para reducir protestas, son una estrategia de militarización. (GEC)

La congresista de izquierda (Cambio Democrático) ya no es categórica para condenar el golpe de Estado de , como aparentó hacerlo el 7 de diciembre de 2022. “El gobierno de Castillo ya no es un gobierno democrático”, tuiteó aquella vez. Esta semana, en lugar de mantener su línea, salió a respaldar las violentas marchas que ese intento de cierre ilegal del Congreso provocó.

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“Sobre la vacancia de Castillo, que seguramente tendremos posiciones distintas, las poblaciones del sur han considerado que se ha arrebatado a un representante de la población más excluida; era un gobierno permanentemente acechado y asediado”, declaró el martes 4 de abril en un conversatorio virtual llamado Régimen de Boluarte. Militarización y Relanzamiento de la Minería.

El evento fue organizado por la Red Muqui, una ONG que asegura defender los derechos de las comunidades y que abiertamente se opone a la actividad minera.

Durante su intervención, Luque cuestionó que la gestión de Boluarte sea muy severa para reducir las manifestaciones y apuntó que los estados de emergencia decretados –y vigentes hasta hoy– limiten, entre otras cosas, nuevas marchas.

“Muchos sectores políticos creen que la situación se ha normalizado (...). Miremos lo que sucede en el corredor minero, comunidades impactadas por la actividad extractiva están en permanente estado de emergencia”, refirió.

Se alistan. Red Muqui se opone a actividad extractiva.
Se alistan. Red Muqui se opone a actividad extractiva.

El corredor minero está ubicado al sur del país y es una vía donde pasan camiones que cargan los minerales extraídos de los suelos. La carretera atraviesa las regiones de Cusco, Apurímac, Moquegua, Puno, Tacna y Arequipa.

En la exposición, la Red Muqui criticó a Boluarte por mantener activa la minería, pese a que es formal, representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú y se traduce en el 62% de las exportaciones nacionales, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (Minem). Al finalizar 2022, según el Minem, las inversiones mineras superaron los US$5 mil millones.

A pesar de estos beneficios, el secretario de esta ONG, Jaime Borda, cuestionó que el Ejecutivo cautele el desarrollo y despliegue de la minería. Y, en otro momento, sostuvo que se deben reactivar las protestas en el sur del país.

“Tenemos retos y desafíos para mantener esta manifestación; toca fortalecer la organización y el movimiento social. Lo que hay que mirar es que las poblaciones se organizan y movilizan de diferente forma (...) en Puno, por ejemplo, van a mantener dos días de paro a la semana”, expresó.

Borda incidió también en que se debe insistir en exigir la instalación de una Asamblea Constituyente porque “ya no se cree en esta Constitución”.


El objetivo real

Para el abogado especialista en minería Anthony Laub, la intención real detrás de estos reclamos es atacar el modelo económico con el que no comulga la izquierda peruana.

“Para atentar contra el modelo, la izquierda golpea a la minería. No es que estén preocupados por el medio ambiente, el agua o la reivindicación social. Esas son solo excusas para bloquear el desarrollo nacional. Lo que hacen es apuntar al motor de la economía para socavarlo”, alegó el también columnista de Perú21.

Laub sostuvo que, si bien existen demandas válidas porque el Estado no ha sabido satisfacer las necesidades de la población, las marchas no están por encima de otros derechos.

“No es justificable el uso de la violencia y pretender que protestar es un derecho por sobre transitar y trabajar libremente”, enfatizó.

Respecto a la reactivación minera que la Red Muqui cuestiona, el especialista sostuvo que el gobierno de Boluarte no ha trazado alguna política para alentar las inversiones de este sector.

“Pensar que este gobierno está promoviendo la minería... tendríamos que preguntarnos sobre la base de qué. ¿Quién ha salido a decir ‘vamos a traer inversión’? Lo único que he visto positivo es que el ministro dijo que era necesario acortar a seis meses los plazos de entrega de permisos mineros, y solo eso, una tímida declaración”, expresó.

El país puede ser otra vez víctima de un embate ideológico con el único propósito de generar más inestabilidad.


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