Los actos de tortura aplicados por los ronderos ya han sido cuestionados en resoluciones judiciales y del TC.
Los actos de tortura aplicados por los ronderos ya han sido cuestionados en resoluciones judiciales y del TC.

Luis Pacheco Marimón

luis.pacheco@peru21.com

El Ministerio Público informó ayer de la liberación de ocho personas luego de que se denunciara que fueron secuestradas y torturadas durante 12 días por las del distrito de Chillia, provincia de Pataz, en La Libertad. Las víctimas –siete mujeres y un hombre– fueron acusadas de cometer prácticas de brujería. La fiscalía abrió una investigación preliminar sobre estos lamentables hechos de agresión física y psicológica practicados impunemente, como si estuviéramos en el siglo XVI.

José Luis Agüero, jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, precisó que la liberación de los agraviados ocurrió ayer a las 4:10 a.m., en el marco de una asamblea que congregó a 500 ronderos, en la que se impidió la participación de las autoridades. A la zona habían llegado solo 20 efectivos policiales.

Agüero comentó que los funcionarios del Ministerio Público no se apersonaron al lugar de los hechos porque “recibieron amenazas de que si iban tenían que firmar un documento para archivar la denuncia”. Sin embargo, aseguró que en los próximos días se realizaría las diligencias correspondientes para avanzar en esta investigación.

MIRA: Dina Boluarte sobre rondas campesinas: “Habría que revisar sus competencias”

BARBARIE

De las ocho personas liberadas, solo Octavia Campos (60) decidió continuar con la denuncia y someterse a la inspección de un médico legista. Las demás habrían sido obligadas por los ronderos a permanecer en sus casas bajo amenaza.

“Torturaron a mi madre al acusarla de brujería. La han golpeado, la han pateado, le han hecho de todo. La colgaron de los pies acusándola de hechicera”, contó a RPP Aida de la Cruz, hija de Campos.

Su madre sufre de múltiples contusiones en todo el cuerpo y dificultad para respirar. Además, denuncia que los ronderos le pusieron inyecciones para, aparentemente, reducir la hinchazón de los moretones.

El testimonio detalla distintos vejámenes que soportaron las víctimas durante el secuestro. Fueron obligadas a ingresar a un pozo hasta que admitieran que practicaban la magia negra.

En otra oportunidad, las colgaron del techo, tal como se observó en un video difundido en redes sociales. También las bañaban en agua helada a las seis de la mañana.

Pese a las evidencias y testimonios, Manuel Quijano, presidente de las rondas campesinas del distrito de Chillia, negó cualquier acto de tortura y argumentó que no se trató de un secuestro, sino de una “intervención”.

“Ha quedado totalmente desmentido en la asamblea, donde las señoras públicamente han manifestado que no han sido víctimas de tortura y no han sido las que aparentemente aparecen en los videos”, señaló.

Al ser consultado por Perú21 sobre las razones que llevaron a la comunidad a creer que las víctimas practicaban brujería, señaló que una persona murió luego de haber tomado un brebaje preparado por las personas acusadas, mientras otra se encuentra postrado en una cama. Además, dijo, habrían otras dos personas que “perdieron el habla y no pueden caminar”.

Agregó que las rondas campesinas “no confían en la justicia ordinaria” y que “actúan en base al derecho consuetudinario y muchas veces basadas en el pluralismo jurídico de las comunidades campesinas de las cuales están afiliadas”.

Para el antropólogo Alex Huerta, acusar a las personas de brujería respondería a un escenario de carácter psicosocial. Además, enfatizó que el relativismo cultural no necesariamente es una idea moral y si bien pueden explicar estos actos que vulneran los derechos humanos, nunca pueden justificarlos.

La abogada feminista Brenda Álvarez consideró que estos vejámenes son también producto del machismo. “Se sancionan a mujeres que, con su práctica curativa, protegen conocimientos ancestrales”, comentó.

Por su parte, el exministro del Interior Walter Albán recalcó que la Constitución es muy clara sobre el límite a las atribuciones de las rondas campesinas, que es el respeto a los derechos fundamentales. “Aquí debe haber una labor pedagógica para que lo que aquí ocurra deje en claro al conjunto de las rondas cuál se el límite”, apuntó.

TENGA EN CUENTA

  • Las víctimas del secuestro en Pataz, caso que ahora está en investigación fiscal, tenían entre 45 y 62 años.
  • Los ronderos de Chillia retuvieron a las ocho personas acusadas de brujería desde el 29 de junio.
  • Este caso en La Libertad ocurre cinco días después de que la Fiscalía abriera otra investigación contra ronderos de Cajamarca por el secuestro de dos periodistas de América TV.

VIDEO RECOMENDADO

PERIODISTA DE CUARTO PODER ES SECUESTRADO por ronderos afines a PEDRO CASTILLO