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Rondas campesinas violentas invaden territorios de pueblos indígenas
La decisión del Ejecutivo de incluir en abril pasado a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) viene escalando en peligrosas confrontaciones con los pueblos amazónicos, los que denuncian estar siendo invadidos por grupos ronderiles.
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La decisión del Ejecutivo de incluir en abril pasado a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) en la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) viene escalando en peligrosas confrontaciones con los pueblos amazónicos, los que denuncian estar siendo invadidos por grupos ronderiles.
La comunidad nativa Huascayacu, ubicada en la región San Martín, fue atacada el pasado 8 de julio por un grupo de ronderos que invadió el territorio comunal, según denunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), grupo que reúne a nueve organizaciones regionales y 109 federaciones representantes de los pueblos indígenas de la amazonía del Perú.
Según el acta de reporte del conflicto, a la cual Perú21 tuvo acceso, a la medianoche de aquel día, un grupo armado de, aproximadamente, 20 personas con chalecos que los identifican como rondas campesinas CUNARC exigieron a los miembros de la comunidad nativa retirarse del área y luego abrieron fuego, dejando un total de seis heridos.
La Aidesep alerta que el conflicto se agravará frente al empoderamiento sin precedentes que obtuvieron las rondas campesinas durante la gestión de Alejandro Salas, al frente del Ministerio de Cultura, cuando se les otorgó el mismo estatus y respaldo jurídico que los pueblos originarios al ser incorporados en la BDPI.
“Esto terminará por legitimar el ilegal actuar de las rondas campesinas y otros invasores en territorios amazónicos, y se superpondrá a nuestros sistemas de justicia indígena, lo que venimos denunciando sin una respuesta estatal”, advierte la organización.
Según fuentes cercanas a la Aidesep, la comunidad de Huascayacu no es la única afectada, se han reportado otros casos similares principalmente en el norte amazónico del país. Además, se presume que algunos grupos ronderiles estarían coludidos con mafias de tala y minería ilegal porque “se ha evidenciado actividades ilícitas en las zonas invadidas”.
¿FAVORITISMO?
Un informe técnico del Ministerio de Cultura elaborado en diciembre de 2019 concluyó que la incorporación de las rondas campesinas al BDPI no era viable porque se estableció que no requerían estar conformadas por pueblos indígenas u originarios y que su función es de carácter jurisdiccional, orientada a colaborar en la seguridad y paz comunal.
Sin embargo, todo cambió cuando comenzó el gobierno de Pedro Castillo. Un nuevo informe técnico del 22 de abril concluyó que “la información contenida en la BDPI no excluye la existencia de otros pueblos que puedan habitar o ejercer sus derechos colectivos en el territorio nacional”.
Ahora, tal como indicó Santos Saavedra, presidente de la CUNARC-P a este diario, las rondas ya pueden influir en políticas públicas, supervisar la defensa de territorios y tener derecho a la consulta previa.
SABÍA QUE
La BDPI es una fuente de información para los distintos niveles de gobierno, en la elaboración y desarrollo de políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional.
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